Por ASTRID SUÁREZ

A Gustavo Petro no le basta con haber hecho historia como el primer presidente de izquierda en Colombia. Aspira también a pactar la paz con los grupos armados responsables de la creciente violencia y dejar un legado que le permita a la izquierda continuar en el poder.

Al llegar a la mitad de su mandato, esos dos objetivos tienen retos mayúsculos. Está en crisis su política de “paz total”, con la que adelanta diálogos simultáneos con grupos armados, y aún resta que el Congreso apruebe varias reformas sociales que impulsa como una forma de demostrar la viabilidad de su proyecto político que terminará en 2026.

“Uno tiene la impresión de que en su comunicación Petro ya habla mucho más de las próximas elecciones en 2026, que es como una forma de anticipar la campaña, eso muestra que de cierto modo tiene más la cabeza en la campaña electoral que en la gestión cotidiana de su gobierno”, dijo a The Associated Press Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.

Petro, quien asumió el poder utilizando un discurso en contra de las élites y prometiendo gobernar para los más vulnerables, ha dicho que un eventual nuevo gobierno de izquierda evitaría errores cometidos por “novatos” y daría celeridad al “cambio”, como denomina a sus políticas sociales para reformar los sistemas de salud, de trabajo y pensiones, la repartición de tierras fértiles a campesinos y la búsqueda de la paz.

“Dos años de dignidad nos quedan para construir, porque tenemos que avanzar más”, declaró Petro el miércoles en la conmemoración de los 205 años de la Batalla de Boyacá, que selló la independencia de Colombia de España. Ese día, en el que Petro también cumple dos años de gobierno, resaltó ante los militares que lo acompañaban, que su gobierno incorporó por primera vez a mujeres como soldados profesionales y aumentó la mesada para los soldados.

Su política de “paz total” ha enfrentado constantes dificultades. Desde marzo está suspendida la negociación con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), la que era considerada la mesa de diálogo más avanzada. Ambas partes han alegado incumplimientos y el sábado 3 de agosto se venció un cese al fuego bilateral con esa guerrilla, por lo que las fuerzas militares retomaron las operaciones ofensivas.

Además, se levantó de la mesa de diálogo la mayoría de las facciones que conforman el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), cuyos representantes se negaron a firmar el acuerdo de paz de 2016 entre el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por lo que volvieron a sentarse en esta nueva mesa de diálogo con la intención de, ahora sí, llegar a un acuerdo con el gobierno. Sin embargo, las facciones del EMC que se retiraron de la mesa de diálogo en marzo arreciaron los ataques con explosivos en el suroeste del país y el gobierno puso fin al cese al fuego con esas facciones.

Los diálogos continuaron con los pocos frentes del EMC que no se levantaron y con otra disidencia denominada Segunda Marquetalia inició en junio una negociación más incipiente.

Para Andrés Preciado, director del área de conflicto y violencia organizada de la Fundación Ideas para la Paz, las recurrentes crisis han generado que el gobierno abandone la idea de una paz “total”, ambiciosa en un inicio, para ser más “parcial”.

“La viabilidad política, social y técnica de la paz total cada vez está más en entredicho y no es que se acote porque ha ido perfeccionándose, sino todo lo contrario, los errores metodológicos han llevado a que esa idea inicial no se pueda concretar y se va llevando a unas proporciones de lo posible”, explicó Preciado a AP.

Colombia cerró en 2016 más de cinco décadas de confrontaciones con las FARC, pero siguió lidiando con la violencia de los grupos disidentes y de herencia paramilitar que se disputan el control del narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.

Petro ha privilegiado el diálogo en medio de críticas de sectores que piden mayores acciones ofensivas con los grupos armados que atacan también a la población civil.

La situación humanitaria no ha mejorado sustancialmente pese a los diálogos. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), entre enero y mayo de este año, aumentaron en un 49% los desplazamientos masivos y un 35% las víctimas por artefactos explosivos, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Pero el legado que busca dejar Petro va más allá de la “paz total”, se enfoca también en cumplirle a los más vulnerables para los que prometió gobernar. Recientemente, el presidente destacó como uno de sus mayores logros la reducción de la pobreza.

Entre 2022 y 2023, 1,6 millones de personas salieron de la condición de pobreza monetaria, es decir, obtuvieron ingresos mensuales mayores a 105 dólares, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El gobierno también destaca la aprobación de la nueva ley que reforma el sistema de pensiones, aumentando la cobertura y dando un bono de 56 dólares mensuales a cerca de tres millones de adultos mayores que no reciben actualmente pensión.

“Es la mayor revolución social de las últimas décadas: darle pensión a la tercera edad en Colombia”, resaltó el miércoles Petro desde X, antes Twitter.

El gobierno “ha puesto en evidencia un modelo neoliberal (de otros gobiernos) que afectó fuertemente a las grandes mayorías, que utilizó recursos públicos para el enriquecimiento de pequeños grupos económicos”, señaló a AP Martha Alfonso, representante a la Cámara de la bancada del gobierno.

El reto en adelante para el gobierno será conseguir la aprobación de otras de sus reformas al sistema laboral, de salud y educación, estas dos últimas rechazadas en el Congreso en el primer semestre del año.

“Espero que en estos dos años que siguen el gobierno pueda rediseñar su estrategia de incidencia en el Congreso. Una que debe pasar por concertar al menos con la bancada de gobierno las iniciativas legislativas que presenta antes de radicarlas”, explicó Alfonso.

Esa concertación, agregó Alfonso, también se debe alcanzar con las altas cortes —que considera han tomado algunas decisiones con sesgo político— y entre el presidente y su propio equipo de gobierno. “Si no se mejora en ejecución va a ser muy difícil seguir legitimando esta opción de poder que hemos representado como sectores alternativos en el país”, dijo la congresista.

Pero el continuismo aviva un temor entre los críticos de Petro, que consideran que busca quedarse en el poder más de lo permitido por ley o revivir la figura de la reelección, actualmente prohibida. El mandatario lo ha negado públicamente, pero una de las legisladoras de su ala política anunció que radicarán en los próximos meses un proyecto para revivir la reelección.

“Petro conoce el pensamiento relacionado con la tentación totalitaria”, dijo a AP el analista político Vicente Torrijos, para quien Petro puede optar, en cambio, por “respetar el orden constitucional y echar mano de la innovación que, según él, caracteriza al modelo alternativo” y así consolidarse como un líder de izquierda más allá de su país.

Este artículo fue publicado por primera vez en Los Angeles Times en Español.