Greg Abbott, el gobernador republicano de Texas, tiene un arma importante a su disposición y jamás duda en usarla: la frontera de Estados Unidos con México. Su cruzada contra el Gobierno federal se basa en tácticas que instrumentalizan la inmigración. Si ocurre algo en Washington que le desagrada, dirige su frustración a la frontera. Así lo ha hecho tras la designación de Kamala Harris como la (casi de forma segura) nueva candidata demócrata a la presidencia. “Joe Biden ha respaldado y apoya plenamente a su ‘zar de la frontera’ Kamala Harris… Tendré que triplicar el muro fronterizo, las barreras de alambre de púas y la Guardia Nacional en la frontera”, escribió en X el domingo. Ni 24 horas después publicó un tuit con dos imágenes en las que se ve a varios soldados de la Guardia Nacional instalando alambre de púas de triple filamento a lo largo de la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez.
“Texas mantiene la línea contra los cruces ilegales”, añadió el gobernador en la publicación. Abbott hace parte de una larga lista de republicanos aliados del expresidente y actual candidato Donald Trump que desde el domingo han criticado la decisión de Biden de retirarse de la campaña y designar a Harris como su sucesora. El coro de críticas se ha centrado sobre todo en el papel que Harris ha desempeñado en las políticas migratorias del Gobierno de Biden. Los republicanos la han tildado de “zar fronterizo”, un cargo que la vicepresidenta nunca ha ocupado.
Harris nunca ha estado a cargo de la política fronteriza o migratoria de la Administración demócrata. Sí fue asignada una tarea relacionada con la inmigración, pero no ha estado involucrada en la supervisión de la frontera, como alega Abbott y otros republicanos, y jamás fue designada como “border czar”. Al principio del mandato de Biden, el presidente le encargó a la vicepresidenta coordinar las relaciones diplomáticas con el llamado Triángulo Norte de Centroamérica —El Salvador, Guatemala y Honduras— para abordar las “causas profundas” de la migración desde estos tres países. La idea de la estrategia era mejorar las condiciones económicas y de seguridad mediante la creación de empleo, la lucha contra la corrupción, la mejora de los derechos humanos y laborales y la reducción de la violencia, para así frenar la migración hacia el norte.
Por tanto, el trabajo de Harris alrededor de la migración se ha llevado a cabo miles de millas al sur de la frontera con México. Mientras que la responsabilidad de esta en realidad recae principalmente en el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y su departamento, que supervisa las tres principales agencias de inmigración del país.
Sin embargo, los hechos parecen importarle poco a Abbott. En otra publicación en sus redes sociales este fin de semana, indicó: “La ‘zar de la frontera’ Kamala Harris tenía una misión: asegurar la frontera. Durante su mandato, han cruzado la frontera más inmigrantes ilegales que NUNCA, incluidos terroristas y delincuentes conocidos”.
El gobernador lleva tres años culpando al Gobierno federal del aumento de la llegada de inmigrantes a la frontera sur. En 2021, lanzó su política estrella llamada Operación Lone Star, bajo la cual el Estado ha gastado más de 11.000 millones de dólares en instalar alambre de púas a lo largo de la frontera y en enviar a más de 100.000 migrantes a ciudades demócratas, como Nueva York y Chicago. En enero, el Tribunal Supremo autorizó que se cortara una parte de esta barrera de alambre de púas a lo largo de las orillas del Río Grande después de que tres migrantes se ahogaran en la zona. Sin embargo, la orden de la corte solo se aplicaba a unas 30 millas (48 kilómetros) de alambrada, de las más de 100 (160 kilómetros) instaladas.
La estrategia de la Operación Lone Star también ha llevado a la detención de más de 516.300 migrantes que ingresaron en el país de manera irregular y más de 45.300 arrestos, según los últimos datos del Gobierno estatal, publicados la semana pasada. Aunque los cruces en la frontera entre México y Estados Unidos sí se dispararon entre 2021 y 2023, desde entonces han caído en picado. En junio cayeron a su nivel más bajo en tres años —unas 83.000 detenciones—, después de que Biden implementara el pasado 5 de junio una nueva medida que restringe el derecho al asilo y facilita las deportaciones rápidas.
El País
