Un grupo de estados gobernador por republicanos pidió a la Corte Suprema mantener en vigor el Título 42, la cual permite la expulsión expedita de inmigrantes.

Los republicanos están pidiendo al Máximo Tribunal una decisión de emergencia, luego de que el Tribunal de Apelaciones para el Circuito de Washington, D.C., les negara ser parte de una demanda.

Los jueces deberán tomar una decisión antes del martes a medianoche, debido a que el 21 de diciembre deberá ser suspendida el Título 42, debido a una orden judicial.

Los peticionarios afirman que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no podría remediar los “daños” causados a EE.UU., si la política es levantada.

“Esta Corte debería atender una decisión administrativa mientras considera esta petición”, dicen los republicanos. “Como mantener [el Título 42] dados los enormes daños a los Estados Unidos que podría causar una decisión contraria, porque no hay una clara indicación de que el DHS pueda remediar significativamente esos daños después de que haya ocurrido”.

La decisión en el Máximo Tribunal debe ser de parte del juez presidente John Roberts, quien incluso podría devolver el caso a una corte inferior.

El Título 42 es una política impuesta por el expresidente Donald Trump para la expulsión expedita de inmigrantes, debido a la pandemia de COVID-19.

En la decisión del Tribunal de Apelaciones contra los republicanos, los jueces criticaron su tardía intervención.

“En ninguna parte de sus argumentos explican por qué esperaron de ocho a catorce meses para intervenir”, señalaron los jueces en su decisión del viernes.

El Gobierno del presidente Joe Biden se prepara para dejar de implementar dicha política el 21 de diciembre, tras una demanda fue presentada en 2021 por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representa a varios inmigrantes.

“Los estados están tratando clara y erróneamente de usar el Título 42 para restringir el asilo y no para los propósitos de salud pública previstos por la ley”, dijo a CNN el abogado Lee Gelernt, de ACLU.

Aunque la Administración Biden se alista para terminar con esta política, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió que esto no significa una apertura de la frontera, ya que se mantendrán las expulsiones aceleradas a través del Título 8.

La semana pasada, Mayorkas incluso señaló que los inmigrantes que sean expulsados bajo esas reglas enfrentarán un castigo de cinco años por ingresar en forma irregular a EE.UU.

“Una vez que la orden del Título 42 ya no esté vigente, utilizando sus antiguas facultades del Título 8, el DHS procesará a las personas que se encuentren en la frontera sin los documentos de viaje adecuados”, advirtió Mayorkas. “[Esas medidas] prevén consecuencias significativas, incluida la prohibición de reingreso [a EE.UU.] por cinco años a las personas que son expulsadas”.

El fin del Título 42 ha desatado preocupación, incluso los demócratas más moderados han pedido al presidente Biden mantener la política.

Mientras que el gobierno de El Paso, Texas, lanzó un estado de emergencia ante un incremento de inmigrantes.

El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, quien lidera a los estados republicanos citó al secretario Mayorkas, de que los encuentros de la Patrulla Fronteriza con inmigrantes podría duplicarse una vez terminado el Título 42.

“Deshacerse del Título 42 pondrá en peligro de manera imprudente e innecesaria a más estadounidenses e inmigrantes al exacerbar la catástrofe que está ocurriendo en nuestra frontera sur”, afirmó.

La Opinión