El pasado miércoles, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs firmó dos proyectos de ley bipartidistas destinados a tomar medidas contra los revendedores de boletos de conciertos y otros eventos y una más sobre los bots, conocidas en conjunto popularmente como ‘Ley Taylor Swift’.

Mientras que Live Nation, plataforma de venta de entradas, respaldó la ‘Taylor Swift Act’, los sitios de reventa de boletos, como Vivid Seats y StubHub, se opusieron a la legislación, pero ¿en qué consisten las nuevas legislaciones?

Así es la nueva ley contra la reventa en Arizona
Sobre la reventa de boletos, la ley HB2194, señala que un revendedor, un intercambio de boletos secundario o cualquier afiliado de un revendedor o intercambio de boletos no puede:

Revender más de una copia del mismo boleto de un evento atlético o de entretenimiento en vivo.

Revender un boleto sin informar primero al comprador la ubicación del asiento o, si no hay un asiento asignado, el área de admisión general a la que corresponde el boleto, incluyendo el número de fila y sección.

Por otro lado, esta nueva ley prohíbe revender un boleto o anunciar un boleto para reventa, a menos que:

El boleto esté en posesión del revendedor
El revendedor tiene un contrato escrito con el titular de los derechos para obtener el boleto.

La nueva ley en Arizona para combatir los bots
La ley HB2040 señala que una persona no puede utilizar ni crear un bot para hacer cualquiera de las siguientes acciones:

Comprar boletos que superen el límite publicado para una venta de boletos en línea.

Utilizar múltiples direcciones IP, múltiples cuentas de comprador o múltiples direcciones de correo electrónico para comprar boletos que superen el límite publicado para una venta de boletos.

Evitar o deshabilitar una fila de espera electrónica. periodo de espera, código de preventa u otro sistema de limitación de volumen de ventas asociado a una venta de tickets en línea.

Eludir o inhabilitar una medida de seguridad, sistema de control de acceso u otro control o medida que se utilice para validar que el boleto no es fraudulento.

Dicha ley también señala que una violación constituye una práctica ilegal, por lo que el procurador general podrá investigar y tomar las acciones correspondientes. Además, que cada multa adquirida será considerada como una violación separada con el fin de “evaluar una penalidad civil”.

Ambos proyectos de ley entrarán en vigor 91 días después de que la Legislatura levante la sesión, probablemente a fines del verano o en el otoño.

AS