El Fondo de Pensiones para el Bienestar, parte de un controvertido paquete de reformas al sistema de pensiones de México impulsado por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, entró en vigor este primero de mayo de 2024, Día del Trabajo, tras la firma del decreto que establece su creación.
La intención de este fondo público, según el Gobierno, es revertir el efecto de las reformas legales en esta materia que se hicieron en 1997 y 2007.
“Esta reforma reivindica el derecho de las y los trabajadores a contar con una pensión suficiente y digna para el último tramo de su vida (…), derecho arrebatado por las reformas neoliberales de (los entonces presidentes) Ernesto Zedillo, en 1997, y de Felipe Calderón, en el 2007, que nos condenaban a pensiones de miseria”, dijo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, antes de la firma del decreto por parte de López Obrador.
Te explicamos qué es y cómo se financiará el Fondo de Pensiones para el Bienestar, según lo que ha explicado el Gobierno.
¿Qué es el Fondo de Pensiones para el Bienestar?
El Fondo de Pensiones para el Bienestar será un fideicomiso público que administrará el Banco de México y que el Gobierno utilizará para complementar las pensiones de aquellos trabajadores cuyo monto de jubilación sea menor o igual al salario promedio mensual de los empleados afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El objetivo es generar un fondo público con los cerca de 40.000 millones de pesos (unos US$ 2.351 millones) de los ahorros no reclamados de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) de personas de 70 años o más y que estén inactivas, de acuerdo con los cálculos del Gobierno.
El decreto establece que el dinero de las cuentas de ahorro inactivas de las personas mayores de 70 años se transfieran al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Las Afores deberán avisar un año antes a los trabajadores y/o a sus beneficiarios que su dinero se transferirá a este fondo. También se notificará cuando el dinero se haya transferido.
Bajo esta nueva ley, los trabajadores que cotizan bajo el esquema que data de 1997 ante el IMSS podrán jubilarse con el 100% de su último salario, es decir, que la pensión mínima que podrán recibir será de 16.777 pesos (unos US$ 980). Esta cifra equivale al salario mensual promedio registrado en 2023 en el IMSS actualizado por la inflación estimada para 2024.
La cantidad se actualizará el 1 de enero de cada año, de acuerdo con la inflación estimada para ese período.
¿Cuándo entra en vigor?
Tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación este martes, el decreto de creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar entró en vigor este primero de mayo. La primera pensión bajo este fondo se pagará el 1 de julio de 2024, según Alcalde.
La funcionaria precisó que durante la segunda quincena de junio las Afores y otras fuentes de financiamiento deberán transferir los recursos al fondo para que los trabajadores reciban su complemento en la fecha establecida.
Tras la firma del decreto, se espera que un comité técnico conformado por las distintas instituciones involucradas en la creación del fondo ―el banco central, las secretarías de Hacienda, Gobernación y del Trabajo, los institutos que dan seguridad social a trabajadores públicos y privados, así como el de vivienda y el que regula el sistema de pensiones― emitan las reglas de operación y el régimen de inversión por el cual funcionará, según Alcalde. También se suscribirá el contrato de fideicomiso con el Banco de México.
La secretaria de Gobernación dijo que a mediados de mayo se abrirá una ventanilla única en dichas instituciones para ofrecer orientación a los trabajadores y pensionados sobre la reforma y sus beneficios.
“Habrá una campaña para que todos aquellos que pudieran desconocer de sus fondos los puedan conocer, saber de los montos y poder reclamarlos”, dijo Alcalde.
Financiación polémica
Una de las polémicas que rodean la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar es cómo va a financiarse y si es sostenible en el futuro.
López Obrador reiteró que el fondo no solo se financiará con el dinero que se transfiera de las cuentas inactivas de las Afores, sino que también contará con el dinero proveniente de los ahorros por la desaparición de instituciones y por la venta de bienes inmuebles en desuso del Gobierno, así como del cobro de adeudos a instituciones federales, órganos autónomos o administraciones municipales, entre otros.
El Gobierno calcula recibir unos US$ 2.351 millones de las Afores, pero López Obrador aseguró que todavía no tienen una cantidad exacta de lo que van a recibir de estas otras fuentes de financiamiento.
“No tenemos todavía una cantidad aproximada. Se calcula que las Afores tienen que entregar alrededor de 40.000 millones, pero van a recibirse más fondos, y no tienen que ser todos de un solo golpe. Con lo que se va a tener desde el inicio va a alcanzar para compensar a los trabajadores”, dijo este miércoles en conferencia de prensa.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda estima que este fideicomiso público requerirá 130.000 millones de pesos para operar durante los próximos 10 años, y el actual Gobierno prevé aportar la mitad, es decir, alrededor de 60.000 millones de pesos, según dijo el subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio.
Otra polémica tiene que ver con financiar con recursos públicos un fondo que, desde el punto de vista de legisladores de oposición, es privado y carece de reglas claras.
“Estos recursos no tienen la autorización de sus propietarios para que el gobierno los pueda tomar, como se plantea en ese artículo”, dijo en el marco del debate de la reforma el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería.
“Los trabajadores que, por diversas razones, muchas por falta de información, porque son migrantes o porque han tenido circunstancias ajenas a su voluntad, no han retirado los fondos de su Afores, están siendo tratados como objeto”, dijo en el mismo contexto la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Beatriz Paredes.
Con información de Natalia Cano
CNN
