SAN JUAN, Puerto Rico — El gobierno de Puerto Rico salió oficialmente de la bancarrota el martes al completar la mayor reestructuración de deuda pública en la historia de Estados Unidos, casi siete años después de anunciar que no podía pagar sus más de 70.000 millones de dólares de deuda.

La salida implica que el gobierno del territorio estadounidense reanudará los pagos a sus acreedores por primera vez en varios años y hará frente a pagos pendientes por valor de unos 1.000 millones de dólares presentados por residentes y negocios locales. También se prevé la emisión de más de 10.000 millones de dólares en bonos y que el gobierno restablezca hasta 1.300 millones tomados de un sistema público de pensiones.

“Este es un éxito significativo”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico y su proceso de reestructuración de deuda. “Permanecer en bancarrota ha sido un lastre para la economía en varios aspectos”.

La bancarrota provocó medidas de austeridad muy criticadas, en una isla que pagó en torno a 1.000 millones de dólares en facturas a consultores y abogados en otros gastos durante el proceso.

Abandonar la quiebra era una prioridad para la junta y para Jaresko, que había anunciado antes que se retirará el 1 de abril. No se ha nombrado un sucesor todavía. Se espera que la junta permanezca en su labor hasta que Puerto Rico haya tenido cuatro presupuestos equilibrados consecutivos, una hazaña que no ha logrado aún.

El plan de reestructuración fue aprobado en enero por un juez federal. Reduce las reclamaciones contra el gobierno puertorriqueño de 33.000 millones de dólares a apenas 7.400 millones de dólares. Siete centavos de cada dólar de los contribuyentes irán a cubrir deudas, en comparación con los 25 centavos anteriores.

“Esto es un momento trascendental”, dijo el gobernador Pedro Pierluisi. “El plan no es perfecto (…) pero tiene muchas cosas buenas”.

La junta ha chocado en varias ocasiones con Pierluisi y gobiernos anteriores, especialmente por una propuesta para reducir algunas pensiones mensuales y que finalmente se canceló.

El plan también deposita 1.500 millones en los sistemas de pensiones públicas y crea un fondo de pensiones que se financiará con más de 10.000 millones de dólares en los próximos años.

“Durante décadas, los gobiernos anteriores han sido negligentes en reservar dinero suficiente”, dijo Jaresko.

Aunque muchos celebraron que Puerto Rico saliera de la bancarrota, Jaresko dijo que es improbable que la isla pueda acceder pronto a los mercados financieros porque aún tiene que poner al día sus declaraciones financieras auditadas.

Puerto Rico acumuló más de 70.000 millones de dólares en deuda pública y más de 50.000 millones en pensiones públicas pendientes tras décadas de corrupción, mala gestión y endeudamiento excesivo. El Congreso de Estados Unidos creó la junta federal en 2016, un año después de que el gobierno de la isla dijera que no podía pagar su deuda.

El gobierno de Puerto Rico presentó en 2017 la bancarrota municipal más grande de la historia de Estados Unidos. Meses más tarde llegó el huracán María, que destrozó la red eléctrica de la isla y causó daños por valor de miles de millones de dólares.

La isla aún no se recupera del huracán y de una serie de fuertes sismos que golpearon su región sur a partir de finales de 2019. La pandemia de coronavirus también ha sido un importante revés.

Aún quedan por resolver los procesos de bancarrota de la Autoridad de Carreteras y Transportación, que debe 5.800 millones de dólares, y de la Autoridad de Energía Eléctrica, que debe casi 9.000 millones de dólares, la deuda más grande de una agencia gubernamental.

A principios de marzo, el gobernador de Puerto Rico anunció que cancelaría un acuerdo de reestructuración de deuda de la compañía eléctrica y dijo que el aumento de la inflación, el alza en los precios del crudo y otros factores habían variado de forma significativa desde que se negoció el acuerdo con los acreedores en 2019.

Jaresko dijo que la junta esperaba retomar las negociaciones, la mediación y las conversaciones con todos los que compraron bonos emitidos por la compañía eléctrica.

AP