QUITO (AP) — El procurador general de Ecuador, Iñigo Salvador, pidió el viernes a la Corte Nacional de Justicia la ejecución de la sentencia por corrupción contra el expresidente Rafael Correa, altos funcionarios de ese gobierno y empresarios sentenciados a prisión y al pago de una reparación económica conjunta de 14,7 millones de dólares.

Vencido el plazo de 30 días después de emitido el fallo, cada uno de los sentenciados que fueron hallados como autores directos debe pagar 778.000 dólares, incluido Correa (2007-2017), su vicepresidente Jorge Glas, ministros y otros altos funcionarios, mientras que los cómplices deben abonar 368.000 dólares.

Los involucrados habían elaborado entre 2012 y 2016 una elaborada trama de corrupción exigiendo el pago de millonarias sumas de dinero a empresarios a cambio de grandes obras públicas. Esa red fue descubierta por periodistas y desentrañada por la exasesora personal de Correa, Pamela Martínez, quien se convirtió en colaboradora de la fiscalía y aportó datos y detalles precisos del origen y destino del dinero, utilizado para financiar campañas y fiestas del partido.

“Hemos proporcionado la información que hemos logrado recabar… respecto de los bienes inmuebles que poseen los condenados En términos generales podría decir que la gran mayoría de sentenciados están en capacidad de pagar con cargo a esos bienes. Al tribunal de ejecución le corresponderá disponer el embargo de esos bienes y sacarlos a remate”, afirmó Salvador.

Destacó que de según información que consta en los registros de la propiedad, Correa posee una casa en Quito y es copropietario de un departamento en Guayaquil. También detalló los bienes de Glas y del resto de sentenciados.

Salvador también pidió a ese Tribunal que fije fechas para que se cumplan los denominados actos de reparación simbólica al Estado y la sociedad por parte de los culpables, entre ellos, pedir disculpas públicas y seguir un curso de ética laica.

Correa, que vive en Bélgica desde mediados de 2017 poco después de dejar el poder, y la mayor parte de los condenados se encuentran prófugos, por lo que la justicia ecuatoriana busca adelantar procesos de extradición para que cumplan las penas dispuestas.

El exmandatario tiene pendientes otra veintena de procesos judiciales, la mayoría por supuesta malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. En otros dos ya ha sido juzgado, éste por corrupción y otro por el secuestro del entonces político opositor Fernando Balda.