MEXICO.- Al mismo tiempo que sacaban los cuerpos debajo de los escombros de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, Grupo Carso, una de las compañías investigadas por la tragedia, siguió sus trabajos en el Tren Maya y en busca de adjudicarse dos obras más en el Estado de México.

“No se puede decir que la empresa sea la culpable. Solo hay rumores”, dijo Francisco Solares, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Grupo Carso, liderada por el multimillonario Carlos Slim, se encuentra en la mira de acusaciones por el derrumbe de un tren que mató a 26 personas porque ésta se hizo en su momento de la obra sin concursos ni convocatorias que dieran entrada a más participantes del mercado: sin licitación.

Fue Marcelo Ebrard, actualmente canciller, quien construyó la Línea 12 del Metro durante su gestión como Jefe de Gobierno del DF (2006-2012), quien decidió “por dedazo”.

Esta adjudicación “de amigos” habría permitido a Marcelo Ebrard “presionar a las empresas involucradas a ceñirse a los juegos políticos del gobierno que los contrató”, según observa el analista Fabián López, asesor en Compras Públicas y Estrategias.

La primera irregularidad, explica, que derivó de esta situación es que las autoridades inmediatamente buscaron una reducción del presupuesto original aunque está estrictamente prohibido por la Ley de Adquisiciones. Luego, cambiaron la ruta sobre la cual correría el tren porque algunos ciudadanos afectados se opusieron a la expropiación de sus propiedades para dar paso a la Línea 12.

“El consorcio tuvo que rediseñar todo el proyecto estructural sobre la marcha y sin el tiempo que un proyecto de esta naturaleza requiere, pues debía entregar conforme al calendario político de Marcelo Ebrard que quería la candidatura presidencial”, dijo el analista López

De ahí en adelante, agregó, “todo fue completamente irregular: los planos se fueron diseñando conforme se construía, se firmaron bitácoras por obras sin contrato o sin construir.

Al final, el proyecto terminó por ser diferente al originalmente licitado, lo que derivó en demandas mutuas entre las empresas y el gobierno de la ciudad en un estira y afloloje que concluyó con una indemnización de aproximadamente 1, 300 millones de dólares y sólo un funcionario sancionado: Enrique Horcasitas, inhabilitado por 20 años para trabajar en el servicio público.

Práctica constante
La practica de entregar obras públicas sin las licitaciones que exige la Constitución es cada vez más común en el gobierno del país.

El Instituto Mexicano para la Competitividad, quien realiza un análisis anual sobre el tema, denunció que ha ido en incremento desde 2013 a 2020.

“Tanto en el gobierno de Enrique Peña Nieto como en el de Andrés Manuel López Obrador, el porcentaje de contratos por adjudicación directa fue mayor al 70%. En los últimos cinco años, de 2015 a 2019, este porcentaje fue mayor al 80%”, subrayó.

Pero el peor año fue 2020, cuando el actual gobierno federal batió el récord histórico para las adjudicaciones a dedo al realizar compras sin licitación por alrededor de 100, 000 millones de dólares. Esto es, el 43% del monto total contratado ese año.

Una empresa beneficiada es la misma a la que benefició el actual canciller en la Línea 12: ICA, que está construyendo uno de los ocho tramos del Tren maya (que va de la ciudad de Izamal a Cancún) del Tren Maya por más de 25 mil 829 millones de pesos.

“Esto es muy serio, ya que ICA construyó la obra civil para transporte masivo de pasajeros que se acaba de desplomar (matando al menos 25 personas), y ahora también construye otra obra civil para transporte masivo de pasajeros, como el Tren Maya”, advirtió Rubén Cortés, analista político y ex director del diario La Razón de la capital mexicana.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) declinó hacer comentarios sobre si la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), del Grupo Carso, seguirán participando en la construcción del Tren Maya; la constructora tampoco tiene una postura pública sólo ha confirmado su interés para construir dos viaductos elevados para conectar al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Para esta obra cuyos contratos superan los 500 millones de dólares, sí hay dos concursos de licitación entre propuestas competidoras y el fallo será la siguiente semana, pero no es lo común en estos tiempos.

Aunque la Constitución establece que las compras públicas deben priorizar la competencia, los procesos de excepción como las adjudicaciones directas se volvieron la regla de contratación en el Gobierno federal, según los propios datos oficiales vertidos en la página de Compranet que compiló IMCO para un informe.

IMCO hizo un análisis previo de más de 350,000 contratos y documentó que el porcentaje del monto adjudicado directamente en 2019, el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue cuatro puntos porcentuales mayor que en 2018 al pasar del 35% al 39%.

En el segundo año de la administración, dicha cifra rompió un récord histórico, superando cualquier otro tipo de contratación.

El organismo denunció el daño que hace a la vida pública el otorgar contratos sin licitar porque las licitaciones son el procedimiento que más promueve la competencia, pues, al tratarse de concursos con convocatorias abiertas, permiten más participantes para encontrar mejor calidad a precios más bajos.

“En contraste con los procesos donde se limita el número de participantes, como las invitaciones restringidas o las adjudicaciones directas”.

Sin embargo, destacó que la tendencia creciente de adjudicaciones directas es un foco rojo que representa un riesgo de corrupción, puesto que la ausencia de criterios objetivos para seleccionar contratistas abre espacios a que la decisión pueda estar influida por “acuerdos ilícitos”.

En 2020 casi uno de cada dos pesos gastados por el gobierno federal fue contratado mediante adjudicaciones directas e invitaciones restringidas. “Los procedimientos establecidos como la excepción se han convertido en la regla de contratación del gobierno federal”, resaltó.

Las cinco instituciones con más contratos dados por adjudicación directa son Diconsa 98.7%; Canal 11, 98.2%; Secretaría de Cultura, 98.9%; Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 99.5% y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN 97.3%

En una de comparecencia a la que fue citada por la Cámara de Diputados, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, en octubre pasado, justificó el incremento de las licitaciones de ley debido a la pandemia.

Fuente: La OpInión