Ante la “situación generalizada de desapariciones” en México, la impunidad es “casi absoluta, estructural”. Se trata de contundentes afirmaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, aseguró además que existe un enfoque de seguridad en el país que “no solo es insuficiente, sino además inadecuado”, y subrayó que los afectados son revictimizados, entre otras causas por la falta de coordinación de las autoridades.
México es el primer estado señalado por violaciones graves que se abre al escrutinio de expertos internacionales. Por ello, miembros del comité sostuvieron dos semanas de encuentros tanto con autoridades como con familias de las víctimas y colectivos de defensa de derechos humanos.
Abierto al escrutinio
En agosto de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la competencia del comité.
En 2013 se hizo la solicitud de revisar las denuncias, pero el gobierno de entonces se negó a aceptar la visita del Comité.
Su trabajo, que inició el 15 de noviembre pasado, se extendió por 13 de las 32 entidades mexicanas, en las que pudieron ser testigo de procesos de búsqueda, exhumaciones y los registros en cárceles y centros de detención migratoria, estos dos últimos puntos clave para buscar a desaparecidos.
Cuando el comité de cuatro miembros concluyó estas labores, los integrantes dijeron estar impactados por “la imagen de una sociedad superada por el fenómeno de las desapariciones, la impunidad sistémica” y el dolor e impotencia de las familias de las víctimas “frente a la inacción de las autoridades”, dijo Villa.
El informe final llegará al país en abril de 2022, pero lo que sí quedó de manifiesto es que las desapariciones dejan “huellas profundas e irreparables para las víctimas y la sociedad en su conjunto”.
Además, Villa lamentó que “varias de las recomendaciones formuladas por el Comité a México en 2015 y 2018 aún están pendientes de implementación”.
Estos expertos impulsan que el país establezca una política nacional que prevenga las desapariciones, y se haga un mayor esfuerzo para hallar a los desaparecidos. Además, enaltecieron el poder de las mujeres que se han tomado la búsqueda de sus familiares en sus propias manos.
En México, se desconoce el paradero de más de 95,000 personas, de acuerdo con el más reciente recuento del gobierno federal. De ellas, más de 93,000 ocurrieron a partir de 2006, cuando comenzó la lucha frontal contra el crimen organizado.
La Opinión
