Con este movimiento de la corte, los lideres proinmigrantes sostienen que Biden está a prueba con la comunidad inmigrante, específicamente aquellos del otro lado de la frontera.
Los jueces certificaron este pasado 2 de agosto su decisión del 30 de junio sobre Biden v Texas, que afirma el poder del presidente Joe Biden para finalmente terminar el Programa Permanecer en México, conocido formalmente como los Protocolos de Protección al Migrante (MPP).
Ahora que la Corte Suprema ha certificado la sentencia, el Quinto Circuito debe anular de inmediato la orden judicial de la corte inferior.
La administración de Biden debería entonces tomar medidas inmediatas para restaurar un proceso de asilo humano para los miles de seres humanos a quienes se les ha negado el debido proceso y están sujetos a daños inimaginables, argumenta los activistas un mes después de la decisión.
Desde que la Administración Trump promulgó el MPP en 2019, a más de 70 000 personas se le ha negado un acceso significativo al sistema de asilo y se las ha obligado a vivir en condiciones peligrosas en las que han sido extorsionadas, secuestradas, torturadas, violadas o asesinadas.
Además, el programa ha tenido un impacto dispar en las personas negras, indígenas y LGBTQ+.
Ahora, los activistas a favor de la migración sostienen que Biden debe actuar de inmediato sobre las promesas que hizo durante su candidatura, en la protección de este sector.
Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva del Immigrant Defenders Law Center, reiteró que con esta certificación la administración de Biden tiene una prueba muy gracia, donde se podrá ver si realmente tiene la intención de restaurar los derechos humanos en la frontera.
“Es hora de poner fin a este capítulo oscuro de nuestra historia y avanzar en la restauración de un proceso ordenado, justo y humano para los solicitantes de asilo”, dijo Toczylowski.
Casi 5,800 personas han estado sujetas a la política desde diciembre hasta junio, según cifras publicadas recientemente. Los nicaragüenses representan el mayor número, con otros de Cuba, Colombia y Venezuela.
Alvaro M. Huerta, director de litigios y defensa en Immigrant Defenders Law Center, dijo que con esta acción es hora de que el presidente actúe de inmediato.
“Se dañaron demasiadas vidas, se separaron demasiadas familias y se desvanecieron demasiadas esperanzas”, dijo Huerta.
“No podemos esperar un minuto más para comenzar la tan necesaria restauración de la dignidad y el debido proceso en nuestro sistema de inmigración y asilo”, sostuvo.
En julio 2022 Immigration Defenders Law Center se unió a mas de una decena de organizaciones proinmigrantes para emitir varias recomendaciones a la administración, entre estas se encuentra p proporcionar información precisa y actualizada a las personas afectadas sobre cuándo y cómo serán procesadas en Estados Unidos para tener una oportunidad justa de solicitar asilo.
Asimismo, las organizaciones piden que el gobierno coordine con refugios, organizaciones internacionales, agencias no gubernamentales locales y proveedores de servicios legales de inmigración, así como crear un proceso expedito, seguro y organizado mediante el cual las personas sujetas a ambas iteraciones del MPP tengan una oportunidad significativa de presentar sus solicitudes de asilo dentro de los Estados Unidos.
Este artículo fue publicado por primera vez en Los Angeles Times en Español.
