Amigos que ya no hablan de política para evitar problemas. Muertos diarios en distintos rincones de México. Opciones sin líderes carismáticos. Y el crimen organizado como telón de fondo en muchos puntos del país.

México se prepara para elegir por primera vez en su historia a una mujer para ocupar la presidencia, ya que el único hombre en la contienda va en un muy lejano tercer lugar. Pero lo que moverá a la gran mayoría de los mexicanos no son las propuestas, a veces difusas, de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum o de la opositora Xóchitl Gálvez, sino el deseo de continuar o de romper con el legado del actual presidente.

“Es más que una elección, es un referéndum”, reconoció el propio Andrés Manuel López Obrador. “Es elegir el proyecto de nación que queremos”.

México es hoy un país con más programas sociales, pensión universal y mejores salarios mínimos, pero también un país más militarizado, donde no se ha podido controlar la violencia, ni el avance de los cárteles, ni la impunidad y donde la figura del presidente ha divido a la sociedad: o se está con él o contra él.

“Con mis compañeros, para no perder la amistad, decidimos no hablar de política porque hace seis años empezamos a discutir y ya había ataques personales”, dijo la doctora Soledad Echagoyen, simpatizante de Morena, el partido creado por López Obrador hace una década.

“Hay demasiado odio”, afirmó Luis Ávalos, un joven de 21 años que dice no haber decidido su voto y que se queja de cómo algunos amigos le tacharon de “traidor a la patria” por no alinearse con el presidente.

López Obrador es un ídolo para los mexicanos que se han sentido excluidos e insultados durante lo que el mandatario llama administraciones “neoliberales”, cuatro décadas centradas en reducir la intervención del Estado frente a los mercados y durante las que ha habido sonados escándalos de corrupción afectando a las más altas cúpulas del poder.

Para otro sector de la población, la forma de hacer política del mandatario —y por tanto de Morena— es antidemocrática por sus intentos de dilapidar organismos autónomos creados para que funcionaran como equilibrios de poder, por su tono centralista, nacionalista y sus intentos de consagrar todas sus políticas en la Constitución.

Quizás lo más paradójico es que Morena ha recuperado algunas prácticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que siempre criticó, y ahora es el PRI —que gobernó ininterrumpidamente México durante siete décadas— el que las critica.

Una de ellas es la intervención del poder en las elecciones, realizado principalmente a través las conferencias matutinas diarias, conocidas como “mañaneras”.

“Las autoridades electorales han indicado al menos en 30 ocasiones que el presidente de la República participó directa o indirectamente en la campaña” y eso genera dudas sobre la equidad de la contienda, señaló Flavia Freidenberg, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“En este país no se construye ciudadanía, se construye electorado”, lamentó por su parte Gloria Alcocer, directora de la revista Voz y Voto.

Pese a todo, López Obrador mantiene alta su popularidad y es el motor de los votos de Morena que no solo aspira a mantener la presidencia sino su mayoría parlamentaria —clave para que la futura mandataria gobierne con comodidad— y su presencia territorial. Morena y sus socios gobiernan ahora en 23 de los 32 estados del país.

Sheinbaum, ex alcaldesa de la capital, es la gran beneficiada de esta maquinaria y llega a la contienda como la gran favorita. Mujer pragmática, ha dedicado su campaña a defender las políticas de López Obrador mientras dejaba abierta la posibilidad de ajustes en temas de seguridad y su aspiración de gobernar con la mentalidad de la científica que es y no con la de un líder de masas como es su mentor.

Su reto es recuperar a una clase media urbana atacada continuamente por el presidente, parte de la cual dio la espalda a Morena en las elecciones de medio mandato de 2021, cuando se incrementaron las críticas del mandatario a feministas, ecologistas, periodistas, defensores de derechos humanos y todo aquel que cuestionara su autoridad moral.

De hecho, de las nueve gobernaturas en juego el domingo, la más simbólica es Ciudad de México, gobernada por la izquierda desde que su alcalde es elegido por voto popular (1997) y ahora con un escenario muy disputado. “Es una ciudad progresista pero que castiga con su voto”, afirmó la directora de la revista Voz y Voto.

Xóchitl Gálvez, empresaria, ingeniera y exsenadora, lidera la coalición formada por un partido conservador (el PAN), uno izquierdista (el PRD), y el que gobernó México durante siete décadas del siglo XX (el PRI).

Encarna el rechazo frontal a López Obrador a quien considera un líder autoritario y de quien critica su política de seguridad de “abrazos, no balazos”, que no ha logrado contener la violencia, así como sus ataques a los organismos autónomos o al poder judicial.

No obstante, Gálvez comparte con él una forma de hablar directa y campechana con la que aspira a cosechar votos de las clases más populares —donde está la principal base electoral de Morena—, así como ocurrencias llamativas, pues hasta firmó con sangre y ante notario que no iba a suprimir el principal logro de este sexenio: los programas sociales.

Frente a la violencia, Gálvez ha querido mostrar valentía. Abrió su campaña caminando a medianoche por una de las ciudades más peligrosas del país y entre sus propuestas está sacar a los militares de las tareas civiles para que puedan concentrarse en la seguridad —López Obrador los puso a construir megaproyectos, administrar aeropuertos y hasta gestionar turismo— o en construir una megacárcel que trajo a la mente las prisiones del salvadoreño Nayib Bukele.

De hecho, la mayor preocupación de los mexicanos en estas votaciones, las más grandes de la historia porque también se renueva el Congreso y miles de cargos locales, es la inseguridad. Sobre todo en los estados donde la presencia del crimen organizado se siente más.

El oficialismo minimiza ese problema. La oposición pide “votar sin miedo”. Pero esto último no parece fácil.

En este sexenio, aunque se rompió la tendencia al alza de los homicidios, los asesinatos se han mantenido terriblemente altos, en torno a los 30.000 anuales, los desaparecidos superan los 100.000 y la violencia política —que no es algo nuevo para México— se ha incrementado con la intención de condicionar a los candidatos en estados y municipios.

Según el colectivo Data Cívica, de septiembre a mayo ha habido más de 80 ataques a aspirantes a un cargo público entre atentados mortales (más de una veintena), homicidios de familiares, secuestros o amenazas tan graves como tirotear domicilios.

El miércoles por la noche, día de los cierres de campaña, videos divulgados en redes mostraban cómo un mitin local se disolvía a balazos en el sureño estado de Guerrero. La fiscalía estatal confirmó el asesinato de un candidato a alcalde de la coalición opositora.

Carlos A. Pérez Ricart, profesor del CIDE, un instituto de investigación público, recordó que también hay zonas del país “donde no hay balazos porque las instituciones están cooptadas”.

Ante esta realidad decenas de aspirantes a cargos locales han optado por bajarse de la contienda y medio millar de candidatos a puestos federales pidieron la protección del gobierno.

López Obrador, sin embargo, insiste en que las votaciones del domingo serán “limpias, libres y pacíficas”.

El mejor escenario para la democracia, coinciden todos los analistas, sería un Congreso sin mayorías claras para que sea quien sea la presidenta tenga que negociar y complique cualquier cambio constitucional.

Ahí es donde el pequeño partido opositor Movimiento Ciudadano —cuyo candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, se mantiene en un lejano tercer lugar— podría tener peso dependiendo de los parlamentarios que consiga su grupo.

El escenario más complejo sería un resultado cerrado en la presidencia que podría derivar en denuncias cruzadas de fraude y una gran inestabilidad política porque el INE está tan polarizado como el país y el tribunal electoral, que es el tiene que certificar los comicios, tiene magistrados sin nombrar, explica Freidenberg.

“El país difícilmente podría sostener una victoria mínima”, dijo Carlos A. Pérez Ricart. “Le faltan demócratas de un lado y del otro”.

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