Mientras que trabajadores del Poder Judicial de México mantienen en pie una huelga en contra de la polémica reforma judicial, el Tribunal Electoral confirmó la mayoría calificada del partido oficialista Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.
A partir de septiembre, los parlamentarios oficialistas podrán avalar la reforma judicial sin negociar con la oposición. ¿Qué impacto puede tener el paro ante este escenario?
El objetivo de los huelguistas podría ser “una negociación discreta con el Poder Ejecutivo, que permita que el personal del Poder Judicial no vea truncada su carrera profesional”, dice a DW el periodista Rafael Archondo, consultor externo de la Fundación Friedrich Ebert en México, cercana al partido socialdemócrata alemán (SPD).
Muchos de los secretarios que aspiran a convertirse en jueces de distrito o de circuito podrían estar interesados en participar como candidatos en la elección de jueces por voto popular, agrega.
Por su parte, Siegfried Herzog, director regional de América Latina de la Fundación Friedrich Naumann, cercana al partido liberal alemán (FDP), hace hincapié en las fuertes críticas que la reforma ha despertado en los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá: “La integración económica de América del Norte a través del tratado de libre comercio T-MEC necesita un marco regulatorio que no discrimine a los inversores extranjeros, y la reforma del Poder Judicial podría dañar este sistema”.
¿Hacia una Justicia independiente?
De acuerdo con el proyecto del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, los nombres de los aspirantes a jueces, ministros y magistrados serán pre-designados por los tres Poderes del Estado, es decir, el presidente, los legisladores y los juzgadores. De ellos dependerá que los elegidos puedan competir en los comicios a partir de 2025.
“La reforma no garantiza en sí misma la independencia del Poder Judicial, porque ninguno de los potenciales candidatos basará su ascenso laboral solamente en sus méritos. Deberá contar además con un aval político”, opina el periodista Archondo, doctor en investigación social.
Asimismo, Herzog teme que la reforma genere un esquema de favores que será fácilmente corruptible por factores de poder, como el crimen organizado o los mismos partidos políticos.
“Recordemos que cuando una autoridad del Poder Ejecutivo o Legislativo toma una decisión que afecta a la ciudadanía, se recurre al Poder Judicial para detenerla. Si el juez y la autoridad son parte del mismo partido político, entonces esto generará un conflicto de interés, y dejará en desamparo a la ciudadanía”, señala en entrevista con DW.
“Politización de la Justicia”
“Mientras que el Gobierno se ha quejado en los últimos años de la supuesta judicialización de la política, considerando la rama judicial un factor perturbador para su proyecto político, vemos más bien un riesgo de la politización de la Justicia en el futuro”, observa, por su parte, Florian Huber, representante de la Fundación Heinrich Böll en México y El Caribe, cercana al partido ecologista alemán (Bündnis 90/ Die Grünen).
El entrevistado también destaca la propuesta de un nuevo andamiaje institucional para el control disciplinario de los funcionarios judiciales.
Siegfried Herzog, de la Fundación Friedrich Naumann, ve con ojos críticos la creación de un órgano que revise constantemente el actuar de los jueces: “Esto genera un problema adicional. ¿Quién va a juzgar a quienes juzgan a los juzgadores? Se vuelve un problema sin fin de observación del Poder Judicial”.
Además, subraya, el reemplazo de los actuales juzgadores significaría la pérdida de personal que tiene un conocimiento técnico muy específico de un trabajo que requiere una gran especialización.
“La reforma propone requisitos que son muy fáciles de cumplir para cualquier aspirante al cargo, como tener cinco años de experiencia jurídica, cartas de recomendación de vecinos y ensayos”, agrega.
“México necesita jueces libres e independientes. Sin embargo, el remedio que se ha propuesto puede ahondar los problemas que se quieren resolver”, apunta Rafael Archondo, autor de un documento sobre la reforma judicial para la Fundación Friedrich Ebert.
“Para que existan jueces libres e independientes es necesario que emanen de un ámbito neutral, que solo reconozca méritos, trayectoria y capacidades demostradas”, detalla.
En un segundo paso, Archondo propone que, en base a una lista de candidatos propuestos por un organismo neutral, los futuros juzgadores sean seleccionados por medio de un sorteo, a fin de convertirse en “autoridades libres, que no le deben el cargo a nadie”.
“El voto popular”, prosigue, “podría ser usado, como en Japón, para revocar o mantener a los jueces, ministros y magistrados, una vez que los ciudadanos hayan podido evaluar su desempeño. El voto no debería ser utilizado para elegir, sino solo para despedir a los juzgadores que no hayan cumplido con el desempeño esperado”.
(ers)
Autor: Viola Traeder
DW
