La revolución de la marihuana en México se exhibe a pasos del Senado del país, donde durante los últimos nueve meses los activistas mantienen un fragante huerto de cannabis.

Cada día, cientos de personas pasean en medio de un laberinto de imponentes plantas verdes, donde encienden cigarros de marihuana con libertad.

Ese humo flotante intenta servir como un recordatorio a los senadores, que deben pasar por allí para llegar al trabajo. Los legisladores tienen hasta el 15 de diciembre próximo para aprobar una norma sobre la marihuana bajo las órdenes de la Corte Suprema, que hace dos años anuló la prohibición de tal sustancia por considerarla inconstitucional.

Después de décadas de políticas restrictivas de drogas que alimentaron guerras de cárteles mortales, México está listo para convertirse en el mercado legal de cannabis más grande del mundo.

La fecha límite que se avecina ha intensificado el debate sobre exactamente cómo debería ser la legalización y a quién debería beneficiar. Entre las preguntas que acosan a los legisladores se encuentran: ¿Qué tan fácil o difícil debería ser para los usuarios comprar y consumir marihuana? y ¿Deberían las aproximadamente 200.000 familias que lo cultivan ahora estar protegidas de la competencia con las grandes empresas extranjeras de marihuana, que compiten por influencia?

“Cuando hay un amplio espectro de personas que quieren participar”, indicó Avis Bulbulyan, un consultor con sede en Glendale que ha asesorado a varias empresas estadounidenses de cannabis que buscan expandirse a México, “la pregunta es: ‘¿Quién se beneficia con esto?’”.

Un proyecto de ley que permitiría a las empresas privadas vender marihuana al público probablemente se apruebe en el Senado dentro de dos semanas y luego vaya a la cámara baja del Congreso, anticipó el líder del Senado, Ricardo Monreal.

Los activistas que plantaron su primera cosecha de marihuana en febrero pasado junto al Senado criticaron el borrador inicial de la legislación, porque consideran que favorece injustamente a las grandes empresas. Una estipulación es que la marihuana comercial sea rastreable desde la semilla hasta la venta, lo cual exigiría pruebas costosas y de alta tecnología, que serían prohibitivas para los productores más pequeños.

El proyecto de ley también limita a los productores individuales a seis plantas y exige que cualquiera que quiera consumir obtenga licencias del gobierno.

Pepe Rivera, cuyo Movimiento Cannábico Mexicano es responsable del huerto de protesta, consideró que tales restricciones equivalen a una forma de prohibición y resultarían en la criminalización continua de los consumidores. “No están pensando en los usuarios”, destacó. “Están pensando en la industria”.

Para Alejandro Madrazo, del Centro de Investigación Económica y Docencia de México, los cabilderos de Canadá y Estados Unidos han desempeñado un papel enorme en la configuración de la legislación, que según él crearía un “mercado gourmet de élite” para beneficiar a las grandes corporaciones y a los usuarios de clase alta. “Básicamente se trata de revitalizar la prohibición para los pobres pero crear un mercado legal para las grandes empresas”, expresó.

Monreal negó que las grandes compañías hayan dictado los términos de la legislación. “Ha habido mucha injerencia… Empresas transnacionales que han querido influir en nuestras decisiones”, reconoció. “Pero nosotros tomamos la decisión final”.

Los diferentes partidos se unificaron en un frente: todos afirman que la legalización reorganizará el panorama criminal y reducirá la violencia relacionada con los cárteles que convulsiona al país.

Los expertos en seguridad, sin embargo, creen que eso dista de ser seguro. La marihuana todavía juega un papel destacado en el tráfico de drogas mexicano, pero su importancia ha disminuido a medida que la legalización en Canadá y varios estados de EE.UU redujeron drásticamente la demanda.

El pasado año fiscal, la Patrulla Fronteriza y Aduanas de EE.UU confiscaron 266.882 libras de marihuana, frente a 4.3 millones de libras en 2009.

Actualmente, los agentes antidrogas descubren con regularidad variedades especiales de cannabis de calidad minorista que se cultivan en Estados Unidos y son trasladados de contrabando a México.

Algunos analistas afirman que los traficantes de marihuana simplemente encontrarán nuevos negocios ilegales. Los cárteles de México ya se han diversificado hacia el contrabando de personas, el robo de combustible y las industrias agrícolas, como el comercio del aguacate.

Los defensores de la legalización están en un terreno más firme cuando argumentan que ésta liberaría a la policía y le permitiría concentrarse en delitos más graves, además de reducir considerablemente la presión sobre el sistema penal del país, que alberga a unos 200.000 reclusos.

Una encuesta realizada entre 821 presos federales por el Centro de Investigación y Enseñanza Económicas descubrió que casi el 50% de los internos habían sido condenados por delitos que involucraban drogas.

Casi el 60% fueron encarcelados por posesión de marihuana, en comparación con el 27% por cocaína. Cuatro de cada 10 habían sido arrestados por posesión de sustancias ilícitas que, dijeron, valían menos de $25.

El cannabis llegó a México en el siglo XVI, cuando las autoridades coloniales españolas usaban cáñamo para hacer cuerdas y velas. A principios del siglo XX, el país ya había prohibido la marihuana. Eso comenzó a cambiar hace una década, cuando los legisladores despenalizaron la posesión de pequeñas cantidades de cannabis y una serie de demandas que desafiaron el veto llegaron a la Corte Suprema.

En 2018, el máximo tribunal anuló la prohibición de México sobre el uso recreativo, alegando que la libertad individual supera cualquier desventaja potencial. “Los efectos que provoca la marihuana no justifican una prohibición absoluta de su consumo”, destacó el tribunal.

También ordenó a los legisladores cambiar artículos de una ley de salud que prohíbe el consumo de marihuana.

Numerosos retrasos dejaron a los usuarios en una zona gris a nivel legal, porque si bien la Corte Suprema despenalizó la droga, todavía no existen normas que regulen su uso recreativo.

Los legisladores que apoyan la legalización llevaron recientemente un cigarro y un pequeño arbusto de marihuana a una sesión legislativa, y las autoridades no han intervenido en el huerto montado en el exterior del Senado, que ahora cuenta con alrededor de 1.000 plantas.

Al mismo tiempo, los activistas señalan que los usuarios siguen siendo arrestados, o son obligados a pagar sobornos a la policía por posesión de marihuana.

Los pacientes que emplean marihuana medicinal se encuentran en una situación igualmente turbia. En 2017, después de un mandato separado de la Corte Suprema, el entonces presidente Enrique Peña Nieto firmó un decreto que legaliza el cannabis para uso médico. Pero el gobierno se estancó en la implementación de las regulaciones necesarias y el medicamento sigue fuera del alcance de muchos pacientes.

“No hay suficiente voluntad política”, remarcó Raúl Elizalde, cuya hija, Grace, se convirtió en un caso modelo de la marihuana medicinal, con la cual trata su epilepsia. Elizalde, director ejecutivo de una empresa que espera vender marihuana medicinal en México, dijo que las disposiciones para ese uso del cannabis probablemente se incluirán en la legislación que el Congreso considera actualmente.

No obstante, incluso si el Congreso aprueba una ley, una gran interrogante es la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los activistas asumieron que el mandatario sería un aliado debido a su promesa de campaña de considerar poner fin a la prohibición y su elección de Olga Sánchez Cordero como ministra del Interior, una ex jueza de la Corte Suprema y defensora de la legalización de la marihuana.

Pero López Obrador, cristiano evangélico con una vena conservadora en temas sociales, también hace un gran balance de la opinión pública, y las encuestas han demostrado que el 60% de los mexicanos se opone a la legalización.

Desde que asumió el cargo, se mantuvo en gran medida en silencio sobre el tema, mientras que su gobierno publicó anuncios que recuerdan la campaña antidrogas de Nancy Reagan en los años 80. “Con las drogas, no hay final feliz”, advierten.

“Teníamos muchas esperanzas, pero no hay un mensaje claro del presidente”, remarcó Mariana Sevilla de los Ríos, fundadora de un grupo llamado México Regula.

Si el proyecto no llega a convertirse en ley, la Corte Suprema podría anular las prohibiciones de marihuana de la norma actual.

Mientras tanto, los activistas en el huerto de marihuana continúan su campaña para hacer que el cannabis parezca tan inocuo como cualquier otra planta en esta metrópolis verde. Desde que inició la pandemia deben limitar la cantidad de personas que pueden ingresar al jardín. A los visitantes se les toma la temperatura y se les da 30 minutos para deambular por allí y fumar.

En una tarde fresca reciente, mientras sonaba reggae por un altavoz, Omar Emiliano Velasco Hurtado, un marino mercante de 23 años, oriundo del estado de Veracruz, removía tierra para crear una pasarela entre dos grupos de plantas. “Solo quería ver cómo era venir a fumar marihuana en medio de la ciudad”, comentó. Cuando escuchó que había tareas por hacer, se ofreció feliz como voluntario.

Después de trabajar unos minutos con un grupo de otros voluntarios, se detuvo y se llevó el cigarro a los labios.

Se volvió hacia un nuevo amigo y le hizo una pregunta: “¿Tienes fuego?”.

Cecilia Sánchez, en el buró de The Times en Ciudad de México, contribuyó con este artículo.

Este artículo fue publicado por primera vez en Los Angeles Times en Español.