México anunció el domingo que hay tres órdenes de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien desde la semana pasada está siendo enjuiciado en Estados Unidos por cargos de recibir sobornos millonarios para proteger al Cártel de Sinaloa.
La Fiscalía General de la República informó en un comunicado que hay tres órdenes de detención, una de ellas en trámite, contra “Genaro ‘G’” por el supuesto ingreso ilegal de armas a territorio mexicano, “un daño patrimonial inmenso” por unos contratos que se otorgaron a empresas privadas para la construcción de penales, y otro proceso que no precisó. Un agente federal confirmó a la AP que las acciones pendientes son contra García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón.
La Fiscalía descartó que las acciones que se siguen en México estén relacionadas con el proceso que se desarrolla en Estados Unidos, donde García Luna se encuentra detenido desde 2019, y dijo que el juicio “no incide, en modo alguno, con los procedimientos mexicanos”.
Uno de los procesos que García Luna tiene pendiente en México está relacionado con el fallido operativo federal estadounidense conocido como “Rápido y Furioso”, el cual salió a la luz tras la muerte del agente fronterizo Brian Terry a finales de 2010.
El operativo “Rápido y Furioso” se desarrolló entre 2009 y 2011 cuando agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF por sus siglas en inglés) permitieron la salida de 2.500 armas ilegales a México para rastrear las actividades de los cárteles de la droga a través del armamento. La agencia le perdió la pista a la mayoría de las armas, incluidas dos que fueron encontradas en el lugar en donde Terry fue asesinado en el sur de Arizona.
Según la Fiscalía, las armas que las autoridades mexicanas permitieron ingresar ilegalmente en ese momento “han causado un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia”.
García Luna también tiene un proceso por unos contratos que hizo el gobierno de Calderón con empresas privadas para construir y prestar servicios a reclusorios federales, los cuales han sido cuestionados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y otras autoridades que sostienen que los contratos le generaron un daño patrimonial al Estado.
La fiscalía mexicana añadió que García Luna enfrenta otras dos investigaciones y otra solicitud de detención que está en tramite.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, reveló la semana pasada la existencia de una demanda en una corte de Estados Unidos en contra de 39 empresas y fideicomisos pertenecientes o en los que participaba García Luna o sus allegados.
La Unidad de Inteligencia Financiera de México, que se encarga de investigar el lavado de dinero, interpuso la demanda el 21 de septiembre de 2021 en Miami. La agencia calcula que el monto aproximado a reclamar por contratos públicos ligados a dichas compañías era de unos 700 millones de dólares.
Durante la primera semana del juicio en Estados Unidos, Sergio Villarreal Barragán, un expolicía federal que se unió al Cártel de Sinaloa, testificó de los operativos conjuntos del cártel y la policía contra grupos criminales rivales; de cómo García Luna advertía de redadas, o que un día se llevó 14 millones de dólares en cajas de cartón de una bodega repleta de cocaína que la policía había incautado al Cártel del Golfo y entregado al grupo de Sinaloa.
