El gobierno del presidente Nayib Bukele ensalza la construcción de una mega prisión para recluir a miles de pandilleros en el El Salvador, pero diversos sectores sostienen que con el impulso de semejante proyecto carcelario en lugar de escuelas y hospitales no se resolverán los problemas de seguridad a largo plazo y que atentaría contra los derechos humanos en el país centroamericano.

A inicios de semana Bukele presentó al país lo que bautizó como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), un enorme complejo carcelario con capacidad para 40.000 internos, en medio de su fuerte ofensiva contra las pandillas. Las autoridades aseguran que se trata de la prisión más grande de Latinoamérica y que cuenta con tecnología de punta para evitar fugas.

El gobierno dijo que la cárcel ha sido diseñada para recluir a los cabecillas de las pandillas, incluidos los jefes de las llamadas clicas o grupos, así como sus miembros y colaboradores. “Todos los que pertenezcan a grupos terroristas”, señaló el director de Centros Penales, Osiris Luna. No se ha realizado todavía ningún traslado de reclusos a ese centro.

La cárcel se levantó en el municipio de Tecoluca, en el departamento de San Vicente, lejos de las zonas urbanas y a 74 kilómetros de la capital. Allí los presos no tendrán ningún contacto con el exterior y sólo saldrán de sus celdas para las audiencias con los tribunales de justicia, que se harán por vídeo conferencia desde un salón de lugar.

“Con esta cárcel el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador muestra que no tiene planes claros para prevenir el delito. Su opción principal es un estado de ‘excepción’ permanente en el que se cometen violaciones de derechos humanos”, señaló en su cuenta de Twitter Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

El padre Andreu Oliva, rector de la Universidad Católica José Simeón Cañas (UCA) dirigida por jesuitas, coincide al señalar que la mega cárcel está muy enfocada en lo punitivo. “A mí me estremeció ver celdas de castigo donde las personas van a estar en total oscuridad, en total aislamiento, durmiendo sobre una tabla de cemento”, indicó.

“Lejos de priorizar la construcción de centros hospitalarios, que ya cuentan con financiamiento, el gobierno se enfoca en construir cárceles de manera rápida”, manifestó la diputada Rosa Romero, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Bukele prometió levantar el enorme recinto carcelario exclusivo para miembros de las pandillas pocos días después de que el Congreso decretó el régimen de excepción para perseguir a esos grupos y luego que se registraran 62 homicidios durante una sola jornada, el 26 de marzo de 2022.

De acuerdo con los críticos el estado de excepción, que se ha prolongado por meses, limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como asistencia de un abogado.

Organizaciones nacionales e internacionales han condenado el régimen de excepción por supuestas violaciones masivas del debido proceso, hacinamiento extremo en las cárceles y muerte de personas bajo custodia de las autoridades.

Pero el gobierno salvadoreño ha dicho que no va a escuchar a estas organizaciones alegando que están haciendo lo correcto, y mencionan encuestas que muestran un alto apoyo de la ciudadanía a las políticas de seguridad y a la gestión del presidente Bukele.

Según cifras oficiales, se han detenido a 62.975 personas desde que se implementó el régimen de excepción. Al menos 3.313 de los detenidos han sido puestos en libertad debido a que no se pudo establecer un vínculo con las pandillas, según las autoridades.

El Salvador registró en el 2015 unos 6.656 homicidios, una tasa de 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, mientras que el 2022 la cifra fue de 3.495 homicidios, la más baja de las ultimas décadas, de acuerdo con el gobierno. Sin embargo, ello no incluye los cerca de 120 asesinatos de supuestos pandilleros que murieron en presuntos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

En el 2015, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró grupos terroristas a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, que según las autoridades están involucradas en el narcotráfico y la delincuencia organizada, y que extorsionan a comerciantes y empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, agregan.

Este artículo fue publicado por primera vez en Los Angeles Times en Español.