Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) anunciaron este martes la extensión de la moratoria a los desalojos en las zonas más afectadas por el COVID-19 del país.

La pausa a los desalojos se prolongará hasta el 3 de octubre. La protección contra el desahucio por impago de la renta se brindará a los inquilinos que residan en comunidades que hayan experimentado “niveles elevados y sustanciales de transmisiones intracomunitarias del virus SARS-CoV-2”, indicó la dependencia en un comunicado. Fuentes consultadas por Noticias Telemundo explicaron que esto podría representar hasta el 90% del país.

Los estados con menos protecciones para los inquilinos son también donde más están subiendo los contagios y muertes por el virus debido a la variante delta.

Muchas de estas zonas son comunidades latinas y negras, quienes más son desalojados de sus viviendas, antes y durante la pandemia, según datos del Eviction Lab, laboratorio de investigación de la Universidad de Princeton.

La doctora Rochelle Walensky, directora de los CDC, hizo el anuncio tras la presión de los demócratas de la Cámara de Representantes, según le dijeron tres personas familiarizadas con el asunto al diario The Washington Post.

La presión del Congreso se intensificó en los últimos días después de que expirara el 31 de julio una moratoria nacional de desalojos creada por los CDC.

La Administración Biden había insistido en que no tenía la autoridad legal para renovar el programa, pues así falló la Corte Suprema al respecto meses atrás.

La explosiva variante delta, sin embargo, renovó la preocupación tanto de expertos como de la Casa Blanca sobre el impacto de que se reactiven millones de desalojos al tiempo en todo el país. Eso llevaría a muchos a tener que hacinarse con otras familias, amigos, en albergues, o hasta a dormir en la calle, situaciones propicias para la propagación del virus.

Queda por verse si la medida pasará el escrutinio de la Corte Suprema.

“Hablamos con expertos legales para encontrar la mejor manera de hacer esto”, respondió Biden durante una rueda de prensa en la Casa Blanca este martes, “y ver qué se puede hacer que tenga más probabilidad de cumplir con los requerimientos constitucionales”.

“Yo no le voy a decir a las autoridades de salud qué hacer”, agregó el presidente. “Para cuando esto pase a un litigio habremos podido distribuir los fondos a quienes están atrasados en la renta. Eso se aprobó, ese dinero llegó a los estados. Teníamos la impresión de que estaban distribuyendo esto bien”.

Hay miles de millones de dólares en ayuda financiera federal para pagar la renta que administran los estados, condados y ciudades. Las personas que están en riesgo de ser desalojadas o que han recibido un aviso de desalojo de su casero además tienen el derecho de defender su caso en corte con un abogado.