“Estamos en un momento crucial en Guatemala: la designación de doce magistrados a la Corte Suprema de Justicia y más de 300 jueces en salas de apelaciones. Y estamos volviendo a ver a los actores de la mafia en el país impulsando acciones para tomar control sobre las Altas Cortes”, explica a DW desde Guatemala Jorge Santos, coordinador general de UDEFEGUA (Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala).

“Las elecciones generales del año pasado solo lograron desatar el nudo en el poder ejecutivo, ahora bajo Bernardo Arévalo. Pero el sistema de justicia sigue profundamente capturado por las mismas estructuras pro impunidad y pro corrupción. El mismo Ministerio Público es el valladar más importante para que los que se vieron obligados a salir del país por un sistema judicial arbitrario no puedan volver con garantías suficientes para su vida y su libertad”, añade el directivo de UDEFEGUA, Esta ONG forma parte de la red de la Organización Mundial contra la Tortura, que aboga por la protección de académicos de la Universidad de San Carlos, sobre los que pende orden de captura.

Una fiscal en el banquillo

Las protestas de estudiantes y académicos por un proceso fraudulento de elección del rector (noviembre 2023) han sido criminalizadas e instrumentalizadas políticamente por el Ministerio Público y su fiscal general, Consuelo Porras. Sobre ésta y otras cuatro funcionarios guatemaltecos penden sanciones europeas por su obstrucción a procesos democráticos. Su caso ha llegado también a la Corte Penal Internacional de La Haya. “Está muy clara su estrategia de retaliación y de venganza en contra de quienes lideraron procesos de combate a la corrupción y la impunidad”, sigue Santos.

Uno de ellos es Jordán Rojas – ex procurador de derechos humanos y ex candidato a la rectoría de la USAC- , desde hace dos años en el exilio en Costa Rica. “Como yo, hay más de cincuenta operadores de justicia en el exilio; también hay defensores de derechos humanos y periodistas. Nos vimos forzados a dejar el país por haber hecho nuestro trabajo con responsabilidad”, explica Jordán Rojas a DW, añadiendo que son más de cuatro millones de guatemaltecos los que han salido, por cuestiones políticas y económicas. “Las personas son el principal producto de exportación de Guatemala”, subraya.

“Lo que sucede en Guatemala, en primer término, es difícil de entender”, dijo por su parte a DW Francisco Sandoval, ex fiscal anticorrupción, en el exilio desde hace tres años. “La principal herramienta para perseguir actos de corrupción ya cometidos, está en la Fiscalía. Pero la Fiscalía, el Ministerio Público, se ha convertido en un maquinaria de persecución política y en una maquinaria de archivo de casos de corrupción”, afirma Sandoval, insistiendo en la necesidad de destituir a la actual fiscal apoyada por las élites empresariales guatemaltecas.

En este ajedrez, ¿qué movimiento cabría esperar de la Unión Europea (UE), unida a Guatemala con un acuerdo de asociación desde el 2012? “El papel de la UE en la transición democrática fue fundamental. El tema de las sanciones -homologadas a las de Estados Unidos- también lo ha sido. Ahora, aunque la UE no es el principal socio comercial de Guatemala, sí que es muy importante para la supervivencia de la élite económica empresarial que, muchas veces, se pone al servicio de actores corruptos”, responde Sandoval. También desde UDEFEGUA, la ampliación de sanciones “que fuercen a actores a favor de la corrupción y la impunidad a salir de sus posiciones” se ve como un instrumento que debería utilizar la comunidad internacional.

“Desde Bruselas no se debe bajar la guardia, porque la justicia sigue capturada por las mafias, les favorece tenerla de rodillas. El acompañamiento en este momento es importantísimo”, reponde Jordán Rojas, pidiendo también apoyo para una hoja de ruta que asegure garantías para el retorno de los operadores de justicia a Guatemala.

(ers)

Autor: Mirra Banchón

DW