Los planes para comenzar a administrar vacunas COVID-19 este mes, a millones de estadounidenses vulnerables, no dependerán de los departamentos de salud pública, sino en gran medida de las dos cadenas de farmacias con fines de lucro más grandes del país.
CVS Health y Walgreens Boots Alliance fueron elegidos por la administración de Trump para vacunar a más de 3 millones de residentes de asilos de ancianos y otros centros de atención a largo plazo, que se espera que reciban la primera ola de vacunas alrededor de la próxima semana.
Este papel destaca el poder y el alcance de las dos empresas, que juntas tienen alrededor de 20.000 farmacias en todo el país. También subraya cómo, después de años de escasa inversión en salud pública, Estados Unidos depende en gran medida de las compañías para servicios públicos críticos, como las inmunizaciones.
“Estamos en una situación en la que no tenemos un sector público que pueda hacer algo como esto”, señaló Jeffrey Levi, ex director de la organización sin fines de lucro Trust for America’s Health. “Tenemos que trabajar con el sistema que tenemos”.
Los funcionarios federales dicen que la asociación con las compañías farmacéuticas es un modelo que hará que las vacunas lleguen rápidamente a los pacientes necesitados.
“Estoy increíblemente seguro de que estas asociaciones público-privadas están listas para ejecutarse”, informó a los periodistas el general del ejército de Estados Unidos, Gus Perna, esta semana. Perna es el director de operaciones de Operation Warp Speed, la iniciativa federal para apoyar el desarrollo y la distribución de vacunas y medicamentos COVID-19.
Sin embargo, algunos líderes de salud pública siguen recelosos de la gran dependencia de corporaciones multimillonarias, cuyo deber principal es con sus accionistas, especialmente porque el alcance total de distribución de vacunas de las empresas sigue siendo secreto.
CVS, Walgreens y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos no proporcionarían copias de los acuerdos firmados entre las empresas y el gobierno federal.
“Finalmente, estos son negocios”, señaló Lori Tremmel Freeman, quien dirige la Asociación Nacional de los funcionarios de salud del condado y la ciudad. “No son lo mismo que un departamento de salud, cuya obligación es mantener a las personas seguras. Las instituciones de salud no tienen otro motivo. No les importa el resultado final”.
Distintos expertos en salud advirtieron que, si bien CVS y Walgreens pueden tener la capacidad logística para llevar la vacuna a miles de asilos de ancianos y centros de vida asistida en todo el país, es posible que no sean la mejor opción para ayudar a otras poblaciones vulnerables, incluidas las de bajos ingresos y las minorías, comunidades más afectadas por la pandemia.
“Hemos aprendido a lo largo de los años que el sector privado, en general, hace un trabajo muy pobre para llegar a las poblaciones en riesgo”, indicó Christopher Koller, ex comisionado de seguros del estado en Rhode Island, quien dirige el Milbank Memorial Fund, una organización sin fines de lucro que apoya la investigación sobre el sistema de salud.
Walgreens, aunque se anuncia a sí misma como una “empresa de salud y bienestar”, continúa vendiendo cigarrillos y otros productos de tabaco, a pesar de las reiteradas peticiones de los funcionarios de salud pública para poner fin a la práctica. (CVS dejó de vender productos de tabaco en 2014).
Los ejecutivos de alto nivel de CVS y Walgreens insisten en que están dedicados al esfuerzo de salud pública.
“Somos una empresa que tiene el propósito de ayudar a las personas en el camino hacia una mejor salud”, dijo el vicepresidente de CVS, Chris Cox, quien está trabajando con el gobierno federal en el esfuerzo de distribución de vacunas.
Rick Gates, vicepresidente de Walgreens, señaló que las clínicas de vacunación “son fundamentales para lo que hacemos”.
La iniciativa ha sido bien recibida por la industria del cuidado a largo plazo, que se quejó durante meses de que el gobierno federal no logró llevar equipo de protección vital a sus instalaciones.
Hay poca controversia sobre la importancia de la inmunización. La pandemia ha devastado los centros de atención a largo plazo desde que se registró el primer brote importante en un hogar de ancianos en febrero en Kirkland, Washington.
Más de 100.000 residentes y personal de estos centros han muerto, lo que representa aproximadamente el 40% de los decesos por COVID-19 en el país, según un recuento de la organización sin fines de lucro Kaiser Family Foundation.
La vulnerabilidad de estas instituciones llevó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades a aconsejar a los estados que dieran prioridad a los residentes de asilos de ancianos y trabajadores de la salud cuando las vacunas estén disponibles. Los funcionarios federales explicaron que seleccionaron a CVS y Walgreens debido a la vasta red y experiencia de las empresas en el servicio de centros de atención a largo plazo, muchos de los cuales ya trabajan con ellos para obtener vacunas anuales contra la influenza.
“Solicitamos aportes y tuvimos conversaciones con muchos socios potenciales diferentes, la gran mayoría de los cuales nos dijeron que simplemente no podían cumplir con este volumen”, explicó Paul Mango, subjefe de personal del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal.
En el marco del programa Pharmacy Partnership for Long-Term Care de los CDC, en octubre se invitó a asilos de ancianos y otros centros para seleccionar una de las cadenas de farmacias para entregar y administrar la vacuna a sus residentes y personal. Más de 25.000 instalaciones seleccionaron CVS, según la empresa. Cerca de 23.000 eligieron Walgreens, señaló Gates.
Los funcionarios federales y los líderes de las empresas anticipan que una vez que las primeras vacunas obtengan la aprobación regulatoria de la Administración de Alimentos y Medicamentos, se enviarán en uno o dos días. En muchos casos, es probable que las vacunas vayan a los centros de distribución establecidos por las farmacias, que a su vez enviarán equipos a las instalaciones, para comenzar las inmunizaciones.
Las vacunas que ha comprado el gobierno federal se administrarán sin costo a los pacientes y a los centros de atención. Pero CVS y Walgreens pueden cobrar por la administración de las vacunas.
La tasa de pago de Medicare es de $16.94 por la primera inyección, y $28.39 por la segunda, de acuerdo con la lista de tarifas de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid federales. Tanto Pfizer como Moderna, cuyas vacunas COVID-19 se espera que obtengan la aprobación primero, requieren dos inyecciones.
Eso significa que CVS, que prevé vacunar a más de 2 millones de residentes de centros de atención, la mayoría de los cuales probablemente estén cubiertos por Medicare, recibirá un pago de al menos $90 millones. Walgreens no quiso revelar cuántas personas espera vacunar.
Resulta significativo destacar que las empresas deberán informar los datos de vacunación a los funcionarios de salud pública locales, estatales y federales, un componente clave de cualquier iniciativa de este calibre.
Con la vacuna de Pfizer programada para ser revisada por un panel de la FDA el próximo jueves, los primeros envíos podrían realizarse el siguiente fin de semana, según funcionarios federales de salud. La de Moderna está programada para su revisión la semana sucesiva.
El Dr. Moncef Slaoui, asesor científico en jefe de Operation Warp Speed, informó a los periodistas esta semana que debería haber una gran cantidad de vacunas para llegar a los 3 millones de residentes de los centros de atención a largo plazo, antes de fin de año.
Este artículo fue publicado por primera vez en Los Angeles Times en Español.