La Cámara de Diputados debatirá la próxima semana una reforma que propone la eliminación de siete organismos autónomos que durante años tuvieron como objetivo garantizar derechos y regular diversas áreas.
Esta reforma fue presentada en febrero por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, e impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha dicho a principios de noviembre que estos organismos “ni siquiera han demostrado su eficiencia”.
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La propuesta plantea la desaparición de siete organismos autónomos:
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoradu)
Comisión Reguladora de Energía (CRE)
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
Entre los argumentos para su desaparición está la posibilidad de ahorro en el gasto público y el cuestionamiento al funcionamiento verdaderamente autónomo de estos organismos.
Desde su creación (entre finales de la década de 1990 y principios de los años 2000) hasta la fecha, estos organismos han recibido 32.313 millones pesos mexicanos (US$ 1.615.650.000), señaló la iniciativa de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con la organización no gubernamental México Evalúa, para este año los organismos autónomos tienen asignados 4.534 millones de pesos mexicanos, (US$ 223.540.258), lo que representa apenas el 0,05% un presupuesto federal.
La reforma plantea que varias dependencias del Gobierno Federal y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) absorban las funciones de estos organismos, y los recursos que se ahorren irán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
En cuanto a los trabajadores, la iniciativa señala que sus derechos laborales serán respetados y que los empleados de estos organismos pasarán a formar parte de aquellos que asuman sus atribuciones, “cuando corresponda”.
Otro de los argumentos para desaparecer los entes es que éstos no cumplieron con una verdadera descentralización, ya que el control y las decisiones importantes las mantiene el gobierno central. “No se han consolidado como entidades técnicas e imparciales, sino que han garantizado intereses privados, pues incluso, en varios casos, el objetivo de los organismos fue para cooptar núcleos académicos, políticos, económicos y de representación social”, expone la iniciativa.
Cómo se repartirán las funciones de los organismos
Ante la eliminación del INAI, serán las dependencias públicas las que se encarguen de la tarea de garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales.
El INE será responsable de temas de acceso a información y protección de datos de los partidos políticos, mientras que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se encargará de estos temas para los sindicatos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó en su conferencia de este martes que la Plataforma Nacional de Transparencia – a través de la cual ciudadanos pueden realizar peticiones de información a las dependencias – seguirá funcionando y pasará a la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que reemplazará a la Secretaría de la Función Pública, cuya titular es Raquel Buenrostro. Esta Secretaría se enfocará en combatir la corrupción y fortalecer la transparencia en el gobierno.
Las funciones de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) – creada en 2019, durante el gobierno del Andrés Manuel López Obrador – pasarán a la Secretaría de Educación Pública.
Mejoredu tiene como objetivo la mejora continua del sistema educativo mediante estudios, evaluaciones para desarrollo docente y escolar, y coordinación entre autoridades educativas. Las tareas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) pasarán al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
Ahora este organismo será el encargado de “la medición de la pobreza y la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social”, señala la iniciativa.
La reforma transfiere a la Secretaría de Economía las funciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que se encarga de vigilar, promover y garantizar la competencia y libre concurrencia en el país. Ahora será Economía quien deberá eliminar las barreras de la competencia y conducir las políticas de la industria y el comercio.
Las funciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), encargada de regular la exploración y extracción en el país, pasarán a la Secretaría de Energía, la cual será la “encargada de conducir y supervisar la política energética del país”.
La Secretaría de Energía también asumirá las funciones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) encargada de fomentar la competencia, proteger a los usuarios y garantizar la estabilidad y seguridad en el suministro.
Las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), encargado de regular, promover y supervisar el uso del espectro radioeléctrico, las redes y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, pasarán a un nuevo organismo que se creará en las próximas semanas: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que será dirigida por José Merino.
Los integrantes de los organismos cuya continuidad se define y algunos especialistas dicen que eliminarlos tendría efectos negativos, pues significaría dejar en manos del Gobierno tareas que deben corresponder a instancias autónomas.
CNN
