Este martes 17 de enero, inicia el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, quien ocupó este cargo entre 2006 y 2012, y quien además es acusado de asociación delictiva para distribuir cocaína, participar en una empresa criminal y mentir a las autoridades de EEUU.
La buena estrella del otrora funcionario público se apagó el 10 de diciembre de 2019, cuando el Departamento de Seguridad de EEUU confirmó su captura en la ciudad de Dallas, Texas. El también titular de la extinta AFI (Agencia Federal de Investigaciones) habría sido acusado de corrupción en un juzgado en Nueva York.
Asimismo, García Luna presuntamente sobornó y amenazó a periodistas que lo investigaban; y en 2009 o 2010, usó dinero del erario para pagar a medios de comunicación, con el objetivo de prevenir artículos negativos en su contra.
A unas horas de que inicie el juicio contra el exfuncionario mexicano, se han revelado nuevos detalles que pondrían en vilo a distintos actores políticos y empresariales que otorgaron contratos a García Luna en México.
El extitular de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) y actual encargado del despacho de la PGJ (Procuraduría General de Justicia) del Estado de Hidalgo, Santiago Nieto, detalló que bajo su gestión, entregó documentos que prueban los contubernios de García Luna con funcionarios de nivel federal y estatal, valuados en millones de dólares.
En una entrevista con el periódico mexicano Milenio, Nieto dijo que aunque el Gobierno de EEUU juzgará al exsecretario de Seguridad por narcotráfico, las autoridades entregaron pruebas por la probable creación de una red para lavar dinero cuando fue contratista en materia de seguridad en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
En 2011, durante los últimos años de la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y durante la gestión de Peña Nieto, García Luna habría recibido más de 2.600 millones de pesos –más de 136 millones de dólares– en contratación gubernamental, refiere el rotativo.
Las operaciones las habría realizado la empresa Nunvav, de origen panameño, y que en dicho año estableció una filial en el país azteca. Los socios de esa corporación eran García Luna y los hermanos Mauricio y Alexis Wheinberg; estos últimos habrían sido los encargados de dotar el primer sistema de espionaje a México llamado “Nice Track”, proveniente de Israel.
En la era peñista, ese programa cibernético sería “Pegasus”, utilizado para espiar los teléfonos móviles de periodistas, activistas de los derechos humanos e, inclusive, políticos o adversarios del entonces mandatario.
Entre los posibles testigos en el juicio de García Luna podrían estar figuras como Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”; Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”; Jesús Reynaldo Zambada, “El Rey Zambada”; e, inclusive, Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como “La Reina del Pacífico”.
