Siete excancilleres peruanos enviaron una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para pedirle que envíe “los más pronto posible” una misión ante “la grave situación política e institucional que vive el país y que afecta su institucionalidad democrática”.

“Las características y modalidades del cambio de gobierno que se ha producido en el país son contestadas por un sector mayoritario de la población, que cuestiona su legitimidad”, remarcaron los exministros en referencia a la crisis que afronta Perú tras la destitución de Martín Vizcarra por el Congreso y la toma de mando por el presidente del Legislativo, Manuel Merino.

La carta, que fue difundida este viernes por medios locales, fue firmada por los exministros de Exteriores Allan Wagner, Manuel Rodríguez, Diego García Sayán, Eduardo Ferrero, Rafael Roncagliolo, Oscar Maurtua y Eda Rivas.

Rechazo a represión
En su misiva, los excancilleres manifestaron su preocupación por la fuerte represión de la policía contra las masivas manifestaciones que han tenido lugar durante esta semana contra el gobierno transitorio que preside Merino y que dejaron varios heridos, incluyendo periodistas.

Los exministros agradecieron a Almagro por haber confirmado que la OEA enviará una misión electoral para asegurar que las elecciones previstas para abril de 2021 “sean plenamente democráticas y justas”.

Sin embargo, solicitaron al secretario general que esta sea enviada “lo más pronto posible, dada la existencia de situaciones que pueden afectar gravemente las condiciones de vida democrática” en su país.

Remarcaron que “es indispensable que la acción estatal y de las fuerzas del orden se enmarquen estrictamente en las leyes internas y en los instrumentos internacionales que son parte del ordenamiento jurídico internacional y del orden jurídico interno”.

Tras mencionar entre estos al Pacto de Derechos y Civiles y la Convención Americana de Derechos Humanos, pidieron “que se respeten plenamente los derechos humanos y políticos de la población y no se vulnere la seguridad jurídica”.

gs (efe, Perú21, Gestión)