El gobierno del presidente Joe Biden ha duplicado las deportaciones de personas detenidas en la frontera con la nueva orden, la cual obliga al cierre y a endurecer las peticiones de asilo, así como acelerar las expulsiones.

Aunque no proporcionó un número específico, Luis Miranda, subsecretario adjunto para Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo a este diario que con la orden del presidente Biden impuesta a inicios de mes ha permitido duplicar las deportaciones.

“Lo que te puedo decir es que hemos podido más que doblar el número de personas que están puestos en procesos de deportación acelerada”, expuso Miranda. “Pero cualquier cifra en este momento es preliminar”.

Según los más recientes datos disponibles de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en abril se registraron 179,000 encuentros con inmigrantes en la frontera, es decir casi 6,000 por día.


La nueva orden del presidente Biden establece el cierre en la frontera cuando los encuentros diarios con migrantes superen los 2,500 y se suspenderá cuando baje de los 1,500 encuentros.

La mayoría de las personas que llegan actualmente a la frontera enfrentarían un proceso de deportación acelerado, debido a las restricciones impuestas.

“La regla tiene excepciones, pocas excepciones, incluyendo menores no acompañados, pero sí menor, es parte de un grupo familiar, entonces, la norma continúa aplicando también”, dijo Miranda. “Por supuesto [no aplica a] personas que son víctimas de trata, eso es algo que tomamos muy en serio y buscamos identificar a esas víctimas; también poder tener una excepción para personas que están sufriendo algún tipo de aflicción médica grave en ese momento”.

Miranda acotó que el resto de los inmigrantes que no demuestren un caso de “miedo creíble” a la deportación –tras una entrevista con un funcionario migratorio—entonces enfrentará el proceso de deportación acelerada.

El DHS había adelantado que la regla otorgaba solamente cuatro horas a inmigrantes en proceso de expulsión para encontrar a un abogado.

“Del resto, por supuesto, como lo decía antes, tenemos lo que son los estándares [sobre peticiones de asilo] elevados”, dijo Miranda.

Agregó, sin embargo, que EE.UU. mantiene sus compromisos con acuerdos internacionales sobre protección de asilo.

Hay más personal migratorio
El subsecretario adjunto Miranda afirmó que no ha habido un desafío en particular sobre la nueva regla, pero indicó que si el Congreso hubiera aprobado la ley bipartidista se pudieron haber destinado más recursos a la frontera.

A pesar de ello, la Administración Biden ha logrado aumentar el personal en la frontera, reconoció el funcionario.

“Ya hemos estado desplegando mayor personal, hemos aumentado el número de agentes y oficiales y otro personal en la frontera a más de 24,000 durante los últimos tes años […] eso también incluye que hemos estado buscando aumentar el número, por ejemplo, de funcionarios que tratan con lo que son los screenings, las entrevistas iniciales de miedo creíble a lo largo de la frontera, así que hemos podido llevar a cabo un número histórico de esas entrevistas”, presumió.

Miranda insistió en el aumento de recursos que solamente puede autorizar el Congreso.

“Sí hemos tenido personal elevado, pero nos hacen, por supuesto, siempre falta más recursos. Por eso también seguimos insistiendo que el Congreso necesita aprobar el proyecto de ley del Senado, que de una manera bipartidista nos hubiera dado más recursos”, expuso.

El desafío en tribunal
Miranda no pudo ahondar sobre la respuesta a la demanda que organizaciones en defensa de inmigrantes y de derechos civiles, la cual interpusieron ante un tribunal federal contra la proclamación del presidente Biden.

“No puedo comentar directamente sobre lo que son los procesos litigiosos, pero en general pues esta norma […] es legal. Creemos que ha sido efectiva y que ya estamos implementando y continuamos implementándola”, expuso. “Creo que ese es un mensaje importante, que la gente entienda que se continúa la implementación de este proceso bajo la nueva regla”.

Los demandantes buscan bloquear la orden del presidente Biden.

La Opinión