SANTIAGO (AP) — Chile anunció el martes la entrada en vigor del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP-11, con lo cual el país sudamericano se convierte en miembro pleno del tratado junto a Australia, Brunéi, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
Culminan así más de cuatro años de tramitación de ese acuerdo en el país, que fue impulsado y firmado en marzo de 2018 durante el segundo mandato de la entonces mandataria Michelle Bachelet (2014-2018) y fue aprobado apenas por el Senado chileno el 11 de octubre bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric, quien como diputado se opuso a ese instrumento comercial.
El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica o Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico es considerado el tercer tratado de libre comercio más grande del planeta, con 13% del PIB global. Entró en vigor en diciembre de 2018 y supone rebajas arancelarias para cientos de productos entre sus 11 países miembros. Además, establece compromisos laborales, de género y medioambientales.
El ministro de Hacienda chileno, Mario Marcel, destacó el martes que la entrada en vigor del tratado atraerá mayor inversión extranjera y aportará mejor tecnología y mejores estándares en materia laboral.
“Muchos de los temores, aprensiones y desconfianzas” sobre el tratado en sus orígenes “quedan en buena medida desmentidos por la realidad de lo que está ocurriendo el día de hoy”, señaló Marcel.
Además, 1.200 productos tendrán rebajas arancelarias a partir de la fecha, agregó el titular de Hacienda, en algunos casos beneficiando exportaciones hacia países miembros y en otros con beneficios de poder importar productos a menor costo.
Los impulsores destacan que ese instrumento abre para Chile un mercado de 500 millones de personas y aranceles cero para cientos de sus productos.
Boric postergó la ratificación del tratado arguyendo la necesidad de negociaciones bilaterales con los países miembros con el fin, según él, de amortiguar el impacto de mecanismos considerados nocivos como el de resolución de controversias, entre otros.
La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales —organismo dependiente de la Cancillería — informó que a la fecha se ha acordado la suscripción de seis instrumentos, algunos ya firmados y otros en trámites finales con cinco países: Australia, Canadá, Malasia, México y Nueva Zelanda.
La Cancillería afirmó en un comunicado que “continuará trabajando en conjunto con sus socios comerciales” y en otros espacios internacionales para “avanzar en la reforma y modernización de los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y estados” uno de los puntos más controvertidos del tratado.
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