El presidente Andrés Manuel López Obrador ha arremetido repetidamente contra miembros de los medios de comunicación en un país que es uno de los más mortíferos del mundo para los periodistas.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México (INAI), informó el jueves que iniciará una investigación en torno a la divulgación del número telefónico personal de una periodista de The New York Times por parte del presidente de México.

La investigación se centra en una decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador durante una conferencia de prensa televisada el jueves que dejó atónitos a muchos en México, uno de los países más mortíferos del mundo para los periodistas. Al menos 128 periodistas han sido asesinados en México desde 2006, según el Comité para la Protección de los Periodistas.

Durante la conferencia de prensa, López Obrador leyó en voz alta un correo electrónico de Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía del Times para México, Centroamérica y el Caribe. Kitroeff había solicitado comentarios para un artículo en el que se revelaba que funcionarios de la ley estadounidenses habían indagado durante años las denuncias de que aliados de López Obrador se reunieron con cárteles de la droga y recibieron de ellos millones de dólares.

Además de despotricar contra Kitroeff e identificarla por su nombre, López Obrador dijo públicamente su número de teléfono.

“Esto es equivalente al doxeo, ilegal según las leyes mexicanas de privacidad y pone en riesgo a los reporteros”, dijo Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas, en X, la plataforma de redes sociales antes conocida como Twitter.

El INAI, un organismo gubernamental, señaló en un comunicado que su investigación trataría de establecer si López Obrador había violado la legislación mexicana que protege los datos personales. El instituto gestiona el sistema de libertad de información de México, creado hace más de dos décadas para hacer más transparentes las operaciones gubernamentales y frenar los abusos de poder.

López Obrador, cuyo mandato de seis años finaliza este 2024, mantiene desde hace tiempo una relación de confrontación con los medios de comunicación y ataca regularmente a los periodistas mencionándolos durante sus conferencias de prensa matutinas.

La medida contra una periodista del Times sucede luego de semanas de ataques contra un reportero de ProPublica, que el mes pasado publicó un artículo detallando otra investigación sobre acusaciones de que los cárteles de la droga habían donado millones a la fallida campaña presidencial de López Obrador en 2006. El mandatario calificó al reportero, Tim Golden, de “peón” y “mercenario” de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés).

El artículo del Times del jueves reveló una indagatoria más reciente durante la presidencia de López Obrador, que comenzó en 2018. Funcionarios estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley pasaron años examinando denuncias de que colaboradores de López Obrador habían recibido millones de dólares de los cárteles de la droga mientras gobernaba el país, .

Pero en vez de hablar con el Times sobre la indagatoria estadounidense, el presidente decidió divulgar el número de teléfono de Kitroeff en televisión nacional, una táctica particularmente amenazante en un país donde tantos periodistas son acosados y asesinados.

“Esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial, en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento”, declaró el Times en un comunicado el jueves.

Estados Unidos nunca abrió una investigación formal sobre López Obrador, informó el Times, y los funcionarios involucrados finalmente dejaron de lado la indagatoria después de concluir que el gobierno de Estados Unidos tenía poco interés en rastrear acusaciones contra el líder de un aliado clave del país.

Durante su indagatoria, los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y los aliados y asesores de López Obrador después de que asumiera el cargo, pero no encontraron ningún lazo directo entre el propio presidente y los grupos criminales.