Por Nomaan Merchant – The Associated Press
HOUSTON— La Administración que preside Joe Biden no está exigiendo que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) verifique mediante huellas dactilares los antecedentes penales de los cuidadores de miles de niños y adolescentes migrantes, mientras el Gobierno expande rápidamente los sitios para albergarlos. Expertos en bienestar infantil dicen estar alarmados y aseguran que esto compromete la seguridad de los menores.
En la prisa por sacar a los niños de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza donde se encuentran hacinados, el equipo del presidente está recurriendo a soluciones utilizadas por Administraciones anteriores: los campamentos en tiendas de campaña, los centros de convenciones y otras grandes instalaciones operadas por contratistas privados y financiadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés). Solo en marzo, la Administración anunció que abrirá ocho nuevos sitios de emergencia en el suroeste del país y agregará 15,000 nuevas camas, más del doble de la cantidad que tiene el sistema existente.
Estos sitios de emergencia no necesitan contar con la aprobación de las autoridades estatales ni deben proporcionar los mismos servicios que las instalaciones permanentes del HHS. También cuestan mucho más: un estimado de 775 dólares diarios por niño.
Con el fin de conseguir personal para esas instalaciones de manera rápida, la Administración Biden ha renunciado a los procedimientos de investigación destinados a proteger a los menores de posibles peligros.
El personal y los voluntarios que atienden directamente a los niños en los nuevos sitios de emergencia no tienen que someterse a controles de huellas dactilares por parte del FBI, que utiliza bases de datos criminales no accesibles al público y puede detectar si alguien se cambió el nombre o está usando una identidad falsa.
El HHS emitió un comunicado el viernes diciendo que el personal de atención directa y los voluntarios “deben pasar verificaciones de antecedentes penales contra los registros públicos”. Las verificaciones en los registros públicos generalmente toman menos tiempo, pero dependen de que el sujeto proporcione la información verdadera.
La agencia dice que quienes brindan atención directa a los migrantes menores de edad son supervisados por empleados federales u otras personas que han pasado verificaciones de antecedentes basadas en huellas dactilares. “En las instalaciones de emergencia, el HHS está implementando los estándares de atención que se usan para los niños, en un entorno de respuesta a emergencias”, dijo la agencia.
Durante la Administración del expresidente Donald Trump, el HHS no se aseguró durante meses de que los trabajadores en un campamento grande en Tornillo, Texas, fueran sometidos a exámenes de huellas dactilares por parte del FBI. Una investigación de The Associated Press de 2018 también encontró que el personal de otro campamento en Homestead, Florida, no realizó exámenes de rutina para descartar acusaciones de abuso o negligencia infantil.
