En septiembre de 2021, El Salvador hizo historia al convertirse en el primer país en adoptar el bitcoin como moneda legal y, un mes después, el presidente de la nación Nayib Bukele, anunció un ambicioso proyecto: La construcción de la primera ‘Bitcoin City’ (ciudad bitcoin).
El objetivo de ambas medidas era el de impulsar la economía del país a través del uso de criptomonedas, haciendo del bitcoin la moneda de curso legal ilimitado para cualquier tipo de transacción; mientras que la Bitcoin City utilizaría energía geotérmica, tendría áreas residenciales, comerciales y hasta su propio aeropuerto.
Para ello, el Gobierno Federal desarrolló su propia billetera electrónica y adquirió 400 bitcoins, mismas que fueron distribuidas a través de un bono equivalente de 30 dólares a cada ciudadano.
Lamentablemente, el valor del bitcoin se ha desplomado más de 50% desde sus máximos históricos, dando como resultado una caída en picada para los bonos del Gobierno del país, mismos que, actualmente, cotizan a un 40% de su valor original.
Cuándo podría entrar El Salvador en default: Estas son las notas de las agencias crediticias
Con el desplome del bitcoin y la poca aceptación de la criptomoneda – sólo el 20% de los ciudadanos siguieron utilizando bitcoins después de gastar el dinero de los bonos – , se teme que el país no pueda cumplir con el próximo pago de su deuda. Según informa El País, El Salvador tomó 25 millones de dólares de las reservas nacionales para convertirlos en bitcoins y debe otros 800 millones que se deben de pagar antes de 2023, de lo contrario, el país entraría en default.
La transición del país hacia una economía basada en blockchain y criptomonedas ha resultado ser un fracaso. La medida ya le ha costado a El Salvador su calificación crediticia.
Moody’s ha sido la última agencia de calificación en emitir una mala nota al país, bajando la calificación de riesgo de Caa1 a Caa3, con perspectiva negativa, elevando el “riesgo de impago para la devolución de 800 millones de dólares el próximo mes de enero”.
Esto se traduce en un fuerte golpe para El Salvador, pues, las calificaciones sirven para que el mercado defina “el riesgo de incumplimiento de una deuda”. En otras palabras, una mala calificación significa intereses más altos para el Gobierno al momento de pagar a los acreedores, además, le impide al país el acceso a los mercados globales para emitir más deuda.
