BOGOTÁ (AP) — Representantes de los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y Panamá se comprometieron el lunes a incentivar el diálogo con otros países de la región por los que transitan migrantes que luego pasan por miles por la peligrosa selva del Darién en su camino hacia la frontera estadounidense.
“Los flujos migratorios irregulares que transitan por la frontera de Colombia y Panamá son de alcance global e involucran a poblaciones de más de 90 nacionalidades, algunos de los cuales entraron a la región por terceros países”, indicaron los gobiernos en una declaración conjunta, luego de celebrar la Reunión del Mecanismo Tripartito sobre migración en Cartagena, ciudad del Caribe colombiano.
El diálogo que elevarían con otros países por los que transitan los migrantes en su camino al norte del continente pretende “aumentar alternativas seguras y humanas que reduzcan la migración irregular”, agregó la declaración.
El año pasado más de medio millón de migrantes cruzaron la selva del Darién —frontera natural entre Colombia y Panamá— con rumbo a Norteamérica, más de la mitad de ellos de nacionalidad venezolana. Antes de llegar a la selva del lado colombiano, los migrantes pueden transitar por países como Chile, Brasil y Ecuador.
De acuerdo con las más recientes estadísticas del Servicio Nacional de Migración de Panamá, en lo que va del año han cruzado por el Darién 231.075 migrantes, 66% de ellos venezolanos, seguidos por colombianos y ecuatorianos, cada nacionalidad con un 6% de ese flujo. Después de esas tres poblaciones, los flujos más altos son de ciudadanos chinos, haitianos y otras nacionalidades.
El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, dijo a la prensa que espera que las decisiones tomadas en la reunión se materialicen y sirvan para “reducir los miedos de los migrantes”.
Martínez-Acha calificó de “complicadísimo” lidiar con el flujo migratorio y endosó parte de la responsabilidad a los países de origen de los migrantes.
“En los países de origen está la raíz del problema, lastimosamente hay un país que representa más del 60% del flujo migratorio irregular por Panamá que no está respetando las decisiones tomadas por su pueblo”, señaló el canciller panameño en referencia a Venezuela que atraviesa una crisis política aguda tras las elecciones presidenciales de julio.
Los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Panamá declararon que el “abordaje de la migración irregular parte del reconocimiento de responsabilidad compartida y desde un enfoque multidimensional y de derechos humanos”.
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, señaló que su gobierno está ansioso por seguir ampliando la colaboración con Colombia y Panamá, así como con otros socios del hemisferio, para cumplir una estrategia que permita abordar el retador flujo migratorio.
Colombia resaltó el programa de regularización de migrantes venezolanos establecido por ese país mediante el cual ha otorgado documentos de identidad a más de 2,5 millones de personas, lo que les permite acceder a servicios básicos de educación y salud en ese país.
Panamá, por su parte, ha aumentado la capacidad para el programa de repatriación para quienes carecen de la base legal para permanecer en ese país, dijo la declaración; incluyendo los esfuerzos conjuntos con Estados Unidos que “obedecen a una gestión coordinada de la migración irregular”.
Panamá y Estados Unidos pusieron en marcha la semana pasada el acuerdo para deportar a migrantes en situación irregular; el primer vuelo fue con 29 colombianos, a los que se les detectó antecedentes criminales. En los próximos días se prevé que continúen con el retorno de ecuatorianos y ciudadanos de India y de países africanos.
Los tres gobiernos se comprometieron a seguir impulsando los mecanismos que permitan desmantelar las redes de tráfico de personas que operan en el Darién. Del lado colombiano, las autoridades han identificado la participación del cártel Clan del Golfo.
Mayorkas resaltó que están dispuestos a combatir las redes de tráfico de personas lo que “conducirá a acciones concretas y realistas que harán que todos los contrabandistas rindan cuentas”, sin especificar cuáles serán.
Los tres países acordaron realizar una reunión técnica en un plazo máximo de 90 días para elaborar y presentar un cronograma y plan de ejecución a partir de lo acordado en la reunión en Colombia.
