La junta militar de Burkina Faso ha dado un paso controvertido al aprobar un proyecto de enmienda del código de la familia que busca aplicar severos castigos a las personas LGTBIQ+. Este golpe de timón sitúa al país en la lista de naciones africanas que, en tiempos recientes, han endurecido significativamente sus políticas contra las relaciones entre personas del mismo sexo. El anuncio se realizó la noche del miércoles 10 de julio, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros presidida por el líder de la junta militar, Ibrahim Traore. El ministro de Justicia interino, Edasso Rodrique Bayala, afirmó que “a partir de ahora, la homosexualidad y las prácticas relacionadas estarán prohibidas y serán sancionadas por la ley”, lo que representa un drástico giro en la postura del país respecto a los derechos fundamentales de la comunidad LGTBIQ+. La ley debe aprobarse ahora en el Parlamento y ser promulgada por Traore.

La intención de criminalizar la homosexualidad en este país se enmarca en una tendencia creciente de legislaciones anti LGTBIQ+ que ha cobrado fuerza en África, especialmente durante el último año. En mayo pasado, Uganda promulgó una de las leyes más intransigentes del mundo en contra de las personas LGTBIQ+ y endureció las sanciones legales para quienes mantienen relaciones entre personas del mismo sexo. En febrero, el parlamento de Ghana aprobó por unanimidad una legislación que aumenta significativamente la represión contra el colectivo LGTBIQ+.

A menudo estas medidas se sustentan en valores culturales y religiosos. Sin embargo, también están siendo objeto de fuertes críticas, dentro y fuera de los respectivos países, tanto por parte de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y defensoras LGTBIQ+, como por parte de otros actores políticos, que sostienen que estas leyes violan derechos fundamentales y exacerban la marginalización y la persecución de las personas LGTBIQ+ en el país.

Repercusiones dentro y fuera

La decisión del Gobierno interino de Burkina Faso podría tener repercusiones significativas, tanto a nivel nacional como internacional. En el ámbito doméstico, la implementación de esta ley podría resultar en un aumento de la discriminación, la violencia y los abusos contra los derechos humanos de las personas LGTBIQ+. El temor a las repercusiones legales podría llevar a muchos a ocultarse, lo que les aislaría aún más del acceso a servicios esenciales y redes de apoyo.

A nivel internacional, esta medida podría tensar las relaciones con países occidentales y organizaciones que abogan por los derechos LGTBIQ+. La alineación de la junta de Burkina Faso con regímenes militares vecinos que comparten posturas antioccidentales podría complicar aún más los esfuerzos diplomáticos para promover los derechos humanos y fomentar la gobernanza democrática en la región.

Por encima de todo, la adopción de este proyecto de ley por parte de la junta militar de Burkina Faso marca un momento crítico para el país y subraya la continua lucha entre movimientos progresistas que abogan por los derechos humanos y fuerzas conservadoras que intentan preservar los valores tradicionales. El resultado de esta contienda tendrá, sin duda, un impacto significativo en el panorama de los derechos humanos en el país durante los próximos años.

La respuesta de la comunidad internacional y su apoyo a los derechos LGTBIQ+ serán cruciales. Las voces de defensores, tanto dentro como fuera de Burkina Faso, desempeñarán un papel vital en la lucha contra la discriminación y en la promoción de la igualdad frente a la creciente adversidad. La colaboración global será esencial para fortalecer la resistencia local y fomentar un cambio positivo en la situación de los derechos LGTBIQ+ en la región.

Antonio Lorenzo Castellanos es especialista en Cooperación para el Desarrollo con África subsahariana y experto en Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible por la Universidad de Jaén (UJA).