El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció la noche del sábado “abrir” los operativos policiales, militares y las cárceles a la nueva procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, de quien señaló que tiene “legitimidad” y “credibilidad”.
La Asamblea Legislativa eligió el viernes a Caballero con los votos del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y de sus aliados, y con el rechazo de los partidos de oposición.
Caballero, que había ejercido el cargo entre 2016 y 2019, fue señalada y multada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por supuesto nepotismo en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
“Es importante que la PDDH haga una evaluación de lo que nosotros estamos haciendo” y “desde una perspectiva creíble para ellos (oposición), válida, legitima”, indicó el mandatario en una reunión con sus funcionarios de seguridad y en la que estaba presente Caballero.
Dijo: “Le quiero ofrecer que nosotros vamos abrirle las puertas de nuestros operativos, de los centros penales” en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo pasado para que “pueda emitir un informe independiente”.
A juicio de Bukele, la oposición, comunidad internacional y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no podrían cuestionar a Caballero a raíz de que supuestamente avalaron su gestión anterior.
“Nadie de la oposición, probablemente de nuestros seguidores sí, (…) puede cuestionar su idoneidad para el cargo”, dijo Bukele y agregó que “si su elección estuviera viciada de alguna manera, no pudo haber sido procuradora en 2016”, agregó.
El presidente salvadoreño sostuvo que la primera elección de Caballero, hecha por los partidos que ahora están en la oposición, y el hecho que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no haya declarado inconstitucional su primer nombramiento le da “toda la credibilidad y toda la legitimidad” para ejercer un segundo período.
“Si validaron su primer período, no podrían oponerse al segundo” y “si dejaran de validarlo (gestión anterior) parecería que lo que quieren es un procurador que se comprometa a obstaculizar al Gobierno”, acotó sin cuestionar a Caballero por la sanción recibida por TEG por supuestas prácticas de nepotismo.
De acuerdo con el portal de resoluciones del TEG, el ente resolvió en 2019 sancionar a Caballero “por su intervención en la promoción de una de las hijas de su cónyuge” dentro de la PDDH.
Una ola de violencia se cobró la vida de más de 80 personas a finales de marzo. La escalada fue atribuida a las pandillas, por lo que el Gobierno pidió a la Asamblea Legislativa aprobar la suspensión de garantías constitucionales, que suma 7 prórrogas, más de 55.000 detenidos y más de 6.500 denuncias de atropellos.
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