El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este sábado (07.09.2024) que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está dando pasos hacia “un golpe de Estado” al querer investigarle por las posibles irregularidades en la financiación de la campaña electoral que le llevó a la Presidencia.
Esta semana se conoció una investigación del CNE, revelada por el periodista Daniel Coronell en la W Radio, que concluía que la campaña electoral de Petro en 2022 violó los topes de gasto establecidos en la ley y recurrieron a fuentes de financiación prohibidas.
“Cada paso dado contra el presidente en el consejo electoral construye un golpe de Estado”, estimó Petro en su cuenta de X (antes Twitter), quien añadió: “¿Se quejan de Venezuela? En Colombia, avanza un golpe de Estado contra el presidente”.
Esto porque el CNE es el órgano competente para investigar a partidos, gerentes de campañas y candidaturas, pero el presidente cuenta con inmunidad, por lo que la competencia exclusiva para investigar penal y disciplinariamente a Petro la tiene la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que tiene abierta una por este asunto.
Por eso, Petro recordó que “la Constitución no permite que una instancia puramente administrativa y política como el consejo electoral, prepare el camino para suspender al presidente de sus funciones por una investigación de topes sobre la cual no tenía más competencia que los 30 días posteriores a la elección”.
Sin embargo, el CNE alega que puede investigar tanto la campaña como al presidente en el campo administrativo, como ya lo hizo con la campaña de los expresidentes Iván Duque y Juan Manuel Santos, y con ello imponer multas o devolución de dinero.
La indagación por 1,27 millones de dólares
La investigación que lleva a cabo el CNE -dirigida por el magistrado del Partido Liberal Benjamín Ortiz y del uribista Centro Democrático Álvaro Hernán, y que según el presidente “no tiene fuerza vinculante”- concluyó que la campaña de Petro sobrepasó los límites en más de 5.300 millones de pesos (1,27 millones de dólares) y que además recibió aportes de personas jurídicas, algo prohibido explícitamente por la ley electoral.
De esa forma, durante la primera vuelta supuestamente se sobrepasó en 3.700 millones de pesos (888.650 dólares) y hubo siete violaciones, entre ellas que se habría omitido reportar un aporte por 500 millones de pesos (120.000 dólares) del principal sindicato de la educación, FECODE, y otro aporte del mismo monto del partido Polo Democrático que hace parte de la coalición gobernadora.
Entre las irregularidades aparece vinculado Xavier Vendrell, un político investigado por lo ocurrido durante el procés catalán y cercano a Petro, en concreto por no haber reportado el pago a testigos electorales durante la campaña.
Durante la segunda vuelta electoral también se habrían superado los topes en 1.600 millones de pesos (382.000 dólares) y se habrían cometido cinco violaciones. Entre las violaciones, además de que no se reportaron los pagos a testigos electorales gestionados por Vendrell, tampoco se habría reportado el costo total del alquiler del centro de eventos Movistar Arena en Bogotá, que fue usado por Petro para celebrar los resultados de la segunda vuelta electoral y que costó 250 millones de pesos (casi 60.000 dólares) y sólo se reportaron 150 millones (36.000 dólares).
Según lo reportado por la W Radio de la investigación del CNE -que aún no ha sido publicada- también habría falta de reportes en vuelos privados del ahora presidente durante la campaña para asistir a actos proselitistas.
ama (efe, rtvc, caracol)
