El 4 de mayo, al final de la tarde, un grupo de personas con banderas de Colombia y camisetas de la selección nacional de fútbol gritaba consignas por la paz del país y elevaba pancartas de SOS para denunciar los abusos policiales suscitados en los últimos días. Eran colombianos, pero estaban reunidos en el First Ward Park, de Carolina del Norte, a más de 1,500 millas de su patria.

“La gente no solo marcha por las reformas, están protestando por la corrupción, por los años de violencia, los años de hambre que hemos aguantado. Salen a protestar sin armas. Muchos nos vinimos a Estados Unidos por eso”, decía Luis Orlando Díaz Carmona, de 27 años, un peluquero canino oriundo de Cali, que interrumpió sus labores diarias para manifestarse ante la violencia de los videos, las imágenes y las fotos de los enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos policiales en su país.

El 5 de mayo se cumplieron ocho días de manifestaciones y marchas consecutivas en Colombia. Aunque las acciones de calle se han presentado en todo el país, resaltan las convocatorias multitudinarias en ciudades como Medellín, Cali y Bogotá, la capital, donde han llegado a registrarse bloqueos totales de movilidad en más de 20 puntos.

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Según la Defensoría del Pueblo, hasta ahora los enfrentamientos han dejado un saldo de 24 personas fallecidas, 89 manifestantes desaparecidos y más de 846 heridos (540 policías y 306 civiles). Sin embargo, diversos grupos de derechos humanos advierten que las cifras podrían ser mayores. Temblores, una ONG que registra los abusos policiales en el país, ha contabilizado 31 muertos, 1,443 casos de violencia policial y 10 casos de presunto abuso sexual.

“Me dieron con una lata de gas lacrimógeno en la espalda, la policía te las lanza a quemarropa. Pero lo que más preocupa es que están disparando, quieren despejar las calles con balas, y nos están castigando muy duro en Cali porque no dejamos de protestar. Uno no quiere que llegue la noche, porque aprovechan para meterse en los barrios a tiros”, dice Michel Adolfo Torres Carmona, de 27 años, quien denuncia que la policía también ha usado inhibidores de señal para interrumpir las transmisiones en vivo que muchas personas hacen en Cali con el fin de mostrar la brutalidad de las acciones policiales.

Michel vive en el barrio Los Alcázares, de Cali, y es primo de Luis Orlando, el peluquero caleño que se manifestó en Carolina del Norte. Dice que siempre está en contacto con sus familiares, “no vaya a ser que no regrese de alguna marcha”.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, declaró que solo durante la noche del 4 de mayo hubo incidentes que dejaron 30 civiles y 16 policías lesionados, además de amplios daños materiales como algunas estaciones de buses Transmilenio completamente destrozadas. Al día siguiente, un grupo de personas intentó entrar por la fuerza al Congreso, lo que interrumpió la sesión de la Cámara de Representantes. Esa noche las manifestaciones dejaron un saldo de 23 civiles y 6 oficiales heridos, según las autoridades.

El presidente, Iván Duque, ha responsabilizado a las “mafias del narcotráfico” de los actos vandálicos y ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos colombianos (unos 2,600 dólares) a quienes ayuden a identificar y capturar a los autores de los destrozos.

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Las redes sociales han permitido sin embargo registrar y denunciar la represión desplegada por los organismos de seguridad estatal, particularmente por el Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia (ESMAD), que ha sido señalado por diversos incidentes, como el fallecimiento de Dilan Cruz, un joven de 18 años, durante el paro nacional de noviembre de 2019, y más recientemente de la muerte de Nicolás Guerrero, activista de 21 años, que recibió un tiro en la cabeza durante las manifestaciones en Cali.

“Hay gente completamente desarmada en las marchas y se confrontan con oficiales armados hasta los dientes, prácticamente militares, y eso ha escandalizado a la comunidad colombiana de Florida, y en todo el mundo”, asegura Carlos Naranjo, activista de 37 años, y miembro del grupo Colombianos en Miami, que está convocando a una marcha que se realizará en Miami el domingo.

“Después de todo el caos con la distribución de vacunas, las muertes, la pobreza y el desempleo, la gente se volcó a las calles porque ya no aguantan más. Y eso es lo que no entiende el Gobierno”, asevera Naranjo.

Según las cifras más recientes, Colombia tiene casi tres millones de personas contagiadas de coronavirus y más de 76,000 fallecidos, lo que se considera como uno de los picos más graves de la pandemia en ese país.

¿Cómo empezaron las manifestaciones?

El Comité Nacional del Paro, una organización conformada por sindicatos y organizaciones obreras, convocó a una serie de manifestaciones para el 28 de abril en repudio a la propuesta de reforma tributaria presentada por el Gobierno de Duque, que buscaba subsanar un déficit en las arcas estatales producido por la crisis de la pandemia.

Entre otras cosas, el proyecto proponía subir los impuestos a productos de la canasta familiar como leche, huevos, carne, tampones, arroz y gasolina, además de servicios públicos como el agua y la electricidad, que se encarecerían hasta un 19%. También planteaba que quienes ganen más de 1.7 millones de pesos (unos 470 dólares) a partir de 2023 tendrían que declarar impuestos sobre la renta.

Desde que fue presentada al Congreso, la reforma generó indignación y polémicas de gremios y políticos, que se pronunciaron en contra de ella por como afectaría a la clase media y a los más vulnerables

El momento que desató la controversia inicialmente sucedió cuando Alberto Carrasquilla, quien era el ministro de Hacienda y uno de los creadores del proyecto, se equivocó cuando le preguntaron cuánto costaba una docena de huevos en un programa de televisión. Carrasquilla dijo que el precio era de 1,800 pesos colombianos, cuando en realidad es de unos 4,300. Muchos lo tomaron como una prueba de la desconexión entre la clase dirigente y la realidad que viven las personas trabajadoras del país.

La convocatoria del paro fue exitosa con marchas multitudinarias en diversas ciudades que siguen siendo el escenario de acciones de calle. Según los expertos, canalizó el malestar ante diversos problemas como la crisis sanitaria, la escasa vacunación en el país y una pobreza y desigualdad cada vez más profundas.

¿Qué pasó con la reforma?

La propuesta nació de un hecho patente: el Gobierno necesita recaudar 25 billones de pesos (unos 6,850 millones de dólares) para subsanar su desbalance económico.

Los ciudadanos de las clases bajas y medias se han mostrado indignados con que sean ellos quienes aporten a esos nuevos ingresos estatales a través de los impuestos. A raíz de los confinamientos y las problemáticas de la pandemia, la crisis ha afectado los ingresos: la pobreza en 2020 fue del 42.5%, frente al 36% del año anterior, según cifras oficiales. Además en marzo la tasa de desempleo alcanzó el 14%, mientras que en el mismo periodo de 2020 era del 12.6%.

Desde el 28 de abril, las manifestaciones se han realizado de manera consecutiva y, en muchos casos, con la presencia de decenas de miles de personas. La presión social logró que el 2 de mayo Duque retirara la reforma y declarara que buscará un nuevo plan a través del consenso. Al día siguiente, Carrasquilla renunció.

“La situación de Colombia es difícil, como en todas partes, pero puede resolverse fácilmente si el Gobierno realmente se preocupara por gravar a la gente con dinero”, explica James A. Robinson, director del Instituto Pearson para el Estudio y la Resolución de Conflictos Globales en la Universidad de Chicago.

“Quizás es el país más desigual del mundo, donde el 10% más rico de la población paga una fracción muy menor de sus ingresos en impuestos, en comparación con el 10% más pobre, esa gente no quiere más impuestos”, opina Robinson.

¿Por qué continúan las manifestaciones?

Diversos investigadores han señalado que las condiciones de desigualdad, y las continuas demandas de viejas deudas sociales, son una mezcla explosiva que puede activarse en momentos de crisis. También hay que recordar que el conflicto entre los grupos guerrilleros y el Gobierno hizo que Colombia fuera el escenario de una guerra de baja intensidad de más de medio siglo.

Basta con escuchar las consignas de las marchas para entender que la reforma tributaria fue el catalizador de un malestar social impulsado por la violencia, el desempleo, el incumplimiento del acuerdo de paz, las fallas en la gestión de la crisis del coronavirus y, por supuesto, el hambre.

“Las causas de la movilización van desde la pobreza, el constante asesinato de líderes sociales, y problemas que no se han resuelto como la impunidad por los falsos positivos, es decir, los asesinatos de civiles a manos del Ejército con el fin de hacerlos pasar por guerrilleros y, en general, a toda una política que promueve la extrema derecha en este país”, explica Juan Pablo Madrid-Malo, coordinador de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia.

Luego del 28 de abril, el Comité Nacional del Paro continuó con las marchas y el cese de actividades pese a que sus voceros aseguraron que lo sucedido con la reforma “es un triunfo de millones de colombianas y colombianos que se han movilizado”. Esta organización tiene un listado de peticiones entre las que se destacan el retiro de un proyecto de ley de salud, renta básica de, al menos, un salario mínimo mensual (unos 260 dólares), vacunaciones masivas y defensa de la producción nacional.

“Creo que estamos viendo algo nuevo. El fin del conflicto con las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] ha creado espacios para una nueva política de izquierda que, al menos a primera vista, es menos clientelista, más inclusiva. Esto es diferente”, comenta Robinson, de la Universidad de Chicago.

Ante la crisis de gobernabilidad que plantea el paro y las marchas, el Gobierno anunció que el 10 de mayo iniciará negociaciones con el comité.

Los abusos policiales

Organizaciones de derechos humanos alrededor del mundo han registrado y denunciado los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad durante sus esfuerzos por sofocar las manifestaciones.

En los últimos días, varios casos de abuso policial se han captado en video, como el de Marcelo Agredo, quien pateó a un policía y fue baleado mientras huía. Agredo, de 17 años, era un estudiante de secundaria en Cali y falleció poco después.

Nicolás Guerrero, de 27 años y artista del grafiti también conocido como Flex, también protestaba en Cali cuando murió en el puente del Comercio. Una transmisión en vivo por redes sociales mostró cómo su cuerpo quedó tendido en el piso luego de que se escucharon unos disparos. Los manifestantes responsabilizan al ESMAD de su muerte.

El sábado pasado, Santiago Murillo, de 19 años, regresaba a su casa en Ibagué y, al atravesar una protesta, recibió un tiro en el tórax que le ocasionó la muerte. Estaba a dos cuadras de su casa y el evento también fue registrado en video.

Estos casos, y otros hechos de violencia, han suscitado las críticas de diversos organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea, que condenaron el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales.

“Es primordial que el Gobierno permita a la gente expresarse de forma pacífica y manifestarse pacíficamente. Esos son derechos básicos y esa es nuestra postura”, dijo Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres.

“La UE condena los actos de violencia, que afectan los derechos legítimos a manifestarse, a la libertad de reunión y de expresión. Es muy importante que se respeten estos derechos”, dijo Peter Stano, el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior.

Varios congresistas estadounidenses expresaron su preocupación por los sucesos en Colombia. “Estoy extremadamente preocupado por las respuestas brutales de la Policía Nacional y el ESMAD a las protestas en Colombia. Estoy particularmente alarmado por el desarrollo en Cali y llamo al presidente Iván Duque a desescalar la violencia”, escribió en Twitter el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Gregory Meeks.

Las acusaciones de violencia y abusos de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del país no son nuevas. Diversas organizaciones han denunciado casos como el de Dilan Cruz, asesinado de un tiro en la cabeza durante una manifestación reprimida por miembros de la ESMAD el 23 de noviembre de 2019; la muerte de nueve jóvenes durante un incendio en una estación de policía en Soachá, el 4 de septiembre de 2020, y al menos 13 homicidios cometidos supuestamente por las fuerzas del orden entre el 9 y 10 de septiembre del año pasado en Bogotá.

“Las manifestaciones están tomando otros rumbos, no solo porque se ve el poder de la movilización ciudadana sino por las necesidades que aquejan al país. Una de esas es la violencia policial”, explica Sebastián Lanz, codirector de Temblores, organización que ha registrado más de 1,200 casos de violencia policial y más 800 detenciones arbitrarias durante las jornadas de protestas.

Lanz asevera que esas detenciones son irregulares y “complemente ilegales” porque las personas son trasladadas a centros donde no se cuenta con la presencia de personal del ministerio público que verifique la situación de los derechos humanos de los detenidos por lo que, en sus palabras, “nadie sabe qué es lo que ocurre allá adentro”.

“Por todo eso hoy vemos que la ciudadanía está marchando para solicitar una reforma policial estructural que no solo ponga fin a las violaciones de derechos humanos sino que permita construir un país donde la policía cumpla con su mandato constitucional que es ser un cuerpo civil y no un cuerpo armado militarizado”, dice el activista.

¿Qué pasa en Cali?

Cali, capital del departamento del Valle del Cauca en el suroeste del país, está militarizada desde el viernes por orden del Gobierno. Ese día llegaron más de 700 soldados, 500 efectivos del ESMAD, 1,800 policías y dos helicópteros para apoyar a los organismos de seguridad locales.

La ciudad de 2.2 millones de habitantes se ha convertido en el epicentro de las protestas. Allí 32 personas han fallecido, “siete relacionadas con las protestas”, según precisó la alcaldía.

Los analistas coinciden en que la ubicación geográfica de Cali hace que sea un núcleo de tendencias preocupantes por su cercanía con el Chocó, el Cauca y el Valle del Cauca, zonas afectadas por diversas problemáticas como el conflicto entre guerrillas, paramilitares y el Ejército, el narcotráfico y el desplazamiento de personas.

Según datos oficiales de 2019, Cali era la ciudad más peligrosa del país con 45.1 homicidios por cada 100,000 habitantes.

“Cali tiene una estructura económica que se centra básicamente en servicios, hay pocas industrias y mucha informalidad. Además, por el norte y el sur ha sido receptora de personas desplazadas que tienen una tradición cultural de resistencia indígena, y muchas comunidades marginadas. Cuando a eso le sumas los problemas económicos de la pandemia, se genera una especie de bomba social”, advierte Alfredo Mondragón, activista por los derechos humanos que vive en la ciudad.

Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad, declaró un estado de “urgencia manifiesta” que durará tres meses, y podría prorrogarse, con el fin de aprobar recursos y contratar servicios para atender la emergencia.

Sin embargo, muchos manifestantes dicen que seguirán tomando las calles por su inconformidad con las políticas del Gobierno.

“En varias zonas los policías disparan con armas de fuego, y los policías de civil aparecen en camionetas disparando”, dijo Michel Adolfo Torres Carmona, un manifestante de Cali, “hay muchas personas desaparecidas. Pero hay que seguir en la lucha. El mundo tiene que saber lo que nos están haciendo”.

Telemundo