El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utiliza una base de datos con millones de facturas de la luz, agua, electricidad, internet, televisión y teléfono para ayudar en su búsqueda de personas que han violado las leyes de inmigración, de acuerdo con documentos públicos del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.

La base de datos, conocida como CLEAR, pertenece a la compañía Thomson Reuters, y contiene más de 400 millones de nombres, direcciones y documentos sobre servicios de 80 empresas en todo el país. De acuerdo con el diario The Washington Post, también cuenta con miles de millones de registros de empleo, vivienda, informes crediticios, antecedentes penales y registro de vehículos.

Según esta investigación, Thomson Reuters vende “software legal de investigación” a un número indeterminado de compañías y agencias de gobierno, con base en datos obtenidos por Equifax, una agencia a cargo de informes de crédito.

Contratos en manos de The Washington Post muestran que los departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Defensa utilizan esta base de datos.

“Nos preocupa que la comercialización de Thomson Reuters de datos personales y el uso de los datos de clientes de servicios públicos y la venta de acceso amplio a ICE sea un abuso de privacidad, y que el uso de esta base de datos por parte de ICE sea un abuso de poder”, alertaron congresistas del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes en una carta a Thomson Reuters y Equifax.

El contrato de 21 millones de dólares entre ICE y Thomson Reuters vencía el pasado domingo, aunque en noviembre se hizo la solicitud para renovarlo. Sin embargo, se desconoce si la Administración Biden accederá a firmar un nuevo acuerdo con la compañía.

ICE dijo al citado diario que no puede comentar sobre sus “técnicas de investigación, tácticas o herramientas”. Sin embargo, diversas investigaciones apuntan al uso de bases de datos privadas para rastrear personas indocumentadas.

“Es necesario trazar una línea en la defensa de la dignidad básica de las personas. Y cuando el miedo a la deportación podría poner en peligro su capacidad de acceder a estos servicios básicos, esa línea se está cruzando”, dijo Nina Wang, asociada de políticas del Centro de Derecho de Georgetown, a The Washington Post.

“Es una traición masiva a la confianza de la gente”, añadió, “cuando te registras para recibir electricidad, no esperas que envíen agentes de inmigración a tu puerta”.

Las leyes federales no establecen limitaciones en el uso de bases de datos privadas, por lo que cada vez recurren más a ella cuando no pueden obtener la información mediante una orden de un juez.

“La gente nos decía: ‘¿Cómo obtuvo ICE mi dirección? Nunca he tenido interacciones con la policía, nunca he usado esta dirección públicamente’”, dijo Jacinta González, organizadora senior de campaña del grupo latino de derechos civiles Mijente.

“Pone a la gente en una situación tremendamente difícil”, agregó, “tienen que decidir si tienen electricidad o se someten a que ICE tenga acceso a esta información”.

Con información de The Washington Post.