El crimen organizado ha extendido visiblemente su capacidad e influencia en algunas regiones de México durante el periodo de lo que algunos llaman la “Cuarta Transformación”. No obstante, los supuestos logros de la 4T en materia de seguridad en los últimos años, se pueden apreciar ciertas tendencias que generan una gran preocupación, especialmente en vísperas del segundo periodo presidencial de Donald J. Trump. Las promesas de deportaciones masivas y una guerra contra los carteles—o acciones militares directas de fuerzas armadas estadounidenses en territorio mexicano—por parte de quienes dirigen el proyecto de “América Primero”, coinciden con el control de amplios territorios de la República Mexicana por grupos delincuenciales organizados. Este fenómeno pone en jaque a la relación México-Estados Unidos y podría generar incluso mayor inestabilidad y violencia en México, por lo menos en el corto y mediano plazos.

Trump ha argumentado que los hombres encargados de la ley y el orden en México no pueden con sus “bad hombres”. Muchos otros hablan de la existencia de un narcoestado mexicano. No obstante que es preciso diferenciar el narco de las diversas formas de delincuencia organizada en México, es cierto que algunas regiones del país son controladas por el crimen. Las dinámicas tan perversas que generan ciertas actividades delincuenciales (como la extorsión, la trata y tráfico de personas y el narcotráfico, entre otras), así como los enfrentamientos de alta intensidad entre grupos criminales en ciertas zonas de la República Mexicana, parecen dar la razón a Trump y a aquellos grupos de interés que usan el tema del narco como pretexto para presionar a México y hacer negocios en el país, vender armamento y equipo militares y extraer recursos naturales.

El paramilitarismo criminal de origen externo, combinado con la enorme corrupción e impunidad que reinan en el país, así como la protección que brindan empresarios y fuerzas del orden de todos niveles al crimen organizado, representan la tormenta perfecta para lo que parece está por venir a partir del 20 de enero del año próximo. La nominación del coronel retirado Ron Johnson como nuevo embajador de Estados Unidos en México anticipa una estrategia belicista operada desde la Unión Americana e impuesta sobre un México militarizado—bajo la supervisión del nuevo gobierno del vecino país del norte, con todas las consecuencias que ello conlleva.

En México, dada la situación tan delicada que se vive en algunas regiones, hay incluso aquellos que justifican dicha estrategia, así como la pérdida de soberanía en un proceso que parece ya haber comenzado. Terminaron los abrazos y volvieron los balazos. Así, la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo de seguridad están obligados a dar resultados ante las amenazas de Trump de imponer aranceles, acabar con el T-MEC y enviar tropas a territorio mexicano. Se espera una estrategia de mano dura, quizás en sentido similar—con toda proporción guardada—a la que se operó en El Salvador. Dicha estrategia anticipa un periodo de extrema violencia en México que se sumará a la difícil situación actual. Antes de la calma viene la tormenta. Antes de cualquier abrazo, vendrán los nuevos balazos.

En el primer piso de la 4T se deterioraron visiblemente las condiciones de seguridad para muchos mexicanos. Hubo avances en algunas áreas, pero retrocesos en otras. Quien ha hecho trabajo de campo en la frontera y en las rutas migratorias de México puede darse cuenta de la situación tan delicada que enfrentan nuestros connacionales en ciertas zonas del país. Los desplazamientos forzados se manifiestan hoy en día de forma contundente. La ocupación de los albergues de migrantes se ha modificado drásticamente. Estos espacios fueron ocupados por extranjeros en los años pasados. Hoy en día, dan apoyo a mexicanos desplazados por violencia y crimen organizado en su gran mayoría.

Las carreteras de México no son seguras; la gente tiene miedo de transitarlas. El reclutamiento forzado por grupos del crimen organizado para hacer frente a sus rivales se extiende por diversas partes del país. Muchas personas originarias de estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Sonora o Sinaloa ya no pueden vivir ahí. Estados Unidos se ha convertido en el refugio que buscan más y más mexicanos que hoy se encuentran atrapados entre las futuras políticas migratorias restrictivas de Trump y el crimen organizado. Quienes saben del tema migratorio comentan que toda la región fronteriza—de oeste a este (del lado mexicano)—está controlada por la delincuencia organizada—que cobra una cuota a cualquiera que intenta cruzar por ahí. La corrupción, la impunidad y la incapacidad de las autoridades mexicanas en los últimos tiempos han generado una situación insostenible que en la segunda era de Trump justificará quizás acciones bélicas de intensidad considerable.

En la región fronteriza (del lado mexicano) se concentrará quizás el mayor de los problemas. Los desplazados por violencia que buscan llegar a Estados Unidos, los deportados y los principales grupos dedicados a la extorsión y al narcotráfico se enfrenarán con el belicismo de Trump. Éste muy probablemente impondrá condiciones al gobierno de Sheinbaum para operar una estrategia militarista que satisfaga los intereses de su país. La cooperación renovada tan buscada por Estados Unidos en el marco de la denominada “responsabilidad compartida”—que tantas muertes le han costado a México—comenzará quizás a tomar forma de nuevo. La venta de armamento y equipo a las fuerzas armadas mexicanas y el entrenamiento militar proporcionado por los “hombres buenos” de Estados Unidos—supervisados por el Coronel Johnson—parece que ya están en camino. Entramos ya a una nueva era de balazos.

(*) La Dra. Guadalupe Correa-Cabrera es profesora de la Escuela Schar de Política y Gobierno en la Universidad George Mason.

La Opinión